En plena recesión económica, el actual Congreso de la República, con no pocos congresistas investigados en el sistema de justicia por organización criminal y otros delitos, acaba de incrementar sustancialmente las remuneraciones de los magistrados judiciales (y fiscales), mediante una bonificación adicional de carácter mensual, sin dar solución a los justos reclamos de aumento salarial de las bajas remuneraciones de los trabajadores y servidores judiciales (secretarios, asistentes, etc.), en una situación quizás parecida al sustancioso incremento remunerativo de jueces y fiscales que habría habido durante el Gobierno del expresidente constitucional de la República, Alejandro Toledo, cuando éste tenía contra él el caso de su hija Zaraí.
El actual Congreso al parecer quiere quedar bien con los jueces, lo mismo que plantea, como una tentación casi irresistible, el proyecto de la actual congresista Gladys Echaíz, que pretende eliminar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante una “Escuela nacional de la magistratura”, por cuanto en tal proyecto se ofrecería a los magistrados judiciales nada menos que eliminar el proceso de ratificación de jueces que se realiza cada siete años con la finalidad de acreditar la idoneidad en el desempeño de la función.
Pero tal aumento remunerativo mensual y tal eliminación del proceso de ratificación de magistrados no son al parecer desinteresados. Y ello coincide curiosamente con el respaldo que habría dado a tal proyecto el actual presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
Dos grandes tentaciones para un propósito perverso para la democracia: la designación política del jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).
En realidad, la pretendida creación de una “Escuela nacional de la magistratura” estaría concebida no para mejorar el sistema de justicia ni para apoyar a la reforma del sistema de justicia, sino para cancelar la designación técnica y por mérito del jefe de la ONPE que se realiza actualmente a través de la Junta Nacional de Justicia, y para instaurar en su lugar a la designación política del jefe de la ONPE por medio del Senado político; es decir, a través del Congreso de la República.
Ese es el fin principal, por lo que el ofrecimiento de la eliminación del proceso de ratificación de magistrados resulta subordinado a tal propósito perverso, y eso no se debe permitir. Es necesario, por lo tanto, defender los principios éticos que justifican al final a la magistratura judicial y fiscal, así como lo está haciendo actualmente el Ministerio Público.
(*) Analista político.
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