Con Pedro Castillo se ha denigrado la institución presidencial y a la nación que por desgracia personifica con la mayor indignidad. Se trata de un ser corrupto con el que finalmente tocamos fondo. Su gobierno es insostenible y su destino ha de ser la cárcel.
Como nunca en la historia de la república ha acumulado en apenas un año en el gobierno cinco investigaciones fiscales y llegado a cifras de desaprobación insospechadas para tan pocos meses de gestión.
Bajo la careta de la revolución, de la lucha social, del liderazgo sindical, hemos visto encaramarse en el poder a un sibilino malhechor, a un auténtico rufián, al cabecilla vil y despreciable de una camarilla delincuencial, de una mafia torpe, de una organización criminal de pacotilla que opera bajo la impunidad del poder, pero con tal desvergüenza que a cada paso va dejando evidencias y cabos sueltos.
Frente a ellos una oposición perpleja y fragmentada atinó en dos ocasiones a plantear la vacancia por incapacidad moral. En ambas oportunidades la propuesta no se conversó. No se calcularon los votos. No fue el momento político. No se tomó el pulso a la votación del pleno del Congreso. No se consideró que el cáncer de la corrupción había avanzado también en el legislativo y que había sectores de congresistas comprados por la mafia. Que se había repartido obras y prebendas. Que el viejo partido de Belaunde era ahora en mercado infame de mercenarios, que los de Acuña seguían siendo lo que eran, que los morados siempre serán política y moralmente excrementicios y que un amplio sector del parlamento sigue estando lagartizado. En conclusión, no se alcanzaron los 87 votos requeridos y la vacancia no fue posible.
El tiempo ha hecho lo suyo y cada vez la corrupción de Castillo y su gobierno es más evidente lo que lo hace insostenible. Como decíamos líneas arriba tiene cinco investigaciones fiscales. Sin duda que esta acumulación de investigaciones ya en el terreno político podría significar un caso de incapacidad moral permanente. No puede ocupar la presidencia alguien tan cuestionado en este terreno.
Corresponde al Congreso ahora esperar la acusación por parte de la Fiscalía o en su defecto apurar la vacancia presidencial pero debidamente articulada. No lanzarse al vacío. En este contexto se ha presentado un proyecto de ley para rebajar la cantidad de votos necesarios en el reglamento del congreso para que proceda la vacancia y que no sean 87 sino 78. No estamos de acuerdo con esta iniciativa que constituye un caso de legislación con nombre propio y que en la práctica devalúa la capacidad legislativa del congreso y establecería un peligroso precedente. Hay que trabajar en la vacancia del impresentable Castillo y la inhabilitación de Boluarte con seriedad y responsabilidad.
(*) Analista político
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