Otro tema fundamental en el denominado “plan Boluarte” debería ser la corrupción en el Poder Judicial, la PNP y en el INPE, pues jueces y fiscales, así como efectivos policiales y penitenciarios, han sido descubiertos con las manos en la masa y hasta han terminado en prisión por andar en malos pasos. No es posible que quienes están encargados de hacer justicia, luchar contra el crimen y hacer que los sentenciados cumplan estrictamente sus penas, violenten la ley y hagan todo lo contrario. Si las cosas siguen así, no habrá estrategia contra el crimen que resulte efectiva. Ni el “plan Bukele” tendría éxito en el Perú.
Hace unos días, nomás, en Chiclayo fue condenado a prisión un fiscal por cobrarle dinero a un litigante. Casos como este no solo se han dado en provincias, sino también en Lima, lo que se suma a la inoperancia, incapacidad o falta de criterio de muchos jueces que dejan en libertad a delincuentes a los que la Policía capturó con las manos en la masa, en flagrancia y con las pruebas del delito.
Con relación a la Policía, efectivos de comisarías enteras han ido a parar a la cárcel por participar en bandas de extorsionadores y asaltantes de caminos. Las coimas en las compras de gel antibacteriano y mascarillas que parecían cáscara de cebolla, por parte de la Policía durante la pandemia, también demostraron que en dicha institución hay corrupción de alto vuelo. ¿Dieron con los responsables? ¿Les aplicaron el castigo que merecen? Esas mascarillas inservibles causaron la muerte de muchos policías. ¡Fue un crimen!
En su presentación en el Congreso, el premier Alberto Otárola puso énfasis en “el fortalecimiento de la Policía como institución que dirige toda esta política de seguridad”. Lo mencionó para destacar el papel protagónico de las fuerzas policiales, pero se debe tener en cuenta que también hay manzanas podridas en esta institución.
Hace un par de meses se difundió un video donde se ve que agentes penitenciarios reciben sobornos de presos. Daniel Maurate, ministro de Justicia y Derechos Humanos, expresó su enérgico rechazo y anunció la reestructuración del INPE. ¿Se cumplió?
Los especialistas advierten que las cárceles son verdaderas escuelas del delito, a lo que se suma el hecho de que varias bandas continúen dirigidas por sus cabecillas desde prisión. Para que ocurra algo así tiene que haber corrupción a granel dentro de las cárceles.
Por lo tanto, premier Otárola, no se trata solo de estructurar un plan de acción, sino también de hacer una limpieza general dentro de la casa. O, mejor dicho, en tres casas: El Poder Judicial, la Policía Nacional y el INPE. Porque lo que digo y escribó siempre lo firmo.
