Cabe recordar que entre 1861 y 1865, en Estados Unidos se libró la llamada Guerra de Secesión. Fue un conflicto entre los estados del norte, de la unión federal de 1776, que proclamaban la lealtad a la Constitución, y los Confederados del sur, que defendían la esclavitud y su expansión a otros territorios. Ahora en la actualidad justo cuando el Perú enfrenta una crisis política devenida en marchas y protestas violentas que han dejado cerca de 30 muertos y cuya solución aún está lejos, un grupo de congresistas plantea un proceso de secesión o federalización.
Esta propuesta, de confrontación y división, se hace justo cuando el país, precisamente, necesita unión, concertación y sumar fuerzas para superar esta fase de convulsión social y tener la estabilidad política nesesaria para emprender el verdadero camino de la reactivación económica, que implica la generación de riqueza, la creación de puestos de trabajo y salarios dignos, a fin de establecer mejores condiciones de vida, salud y educación para la población.
Aun cuando sean ciertos algunos de los argumentos de esta iniciativa de secesión o federalización, que amenaza con convertirse en exigencia y un nuevo punto de la plataforma de lucha de las protestas que se reanudarán entre este martes y miércoles, el planteamiento de este proceso en estas circunstancias es un desatino, pues podría atizar más el fuego y encender la pradera a niveles mucho más peligrosos que los actuales.
Si bien es cierto que en el Perú conviven muchas regiones con razas y culturas diversas, el país es uno solo y proponer una división en estas circunstancias, de ánimos crispados y algunas demandas, no todas, salidas más de la emoción y el rencor, que de la razón y la sensatez, puede resultar contraproducente y dar lugar a una situación mucho más difícil de controlar.
Salir de la actual crisis social no solo depende del Gobierno, con la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola a la cabeza, sino también de los demás estamentos del Estado, como el Congreso, la Fiscalía de la Nacion, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Y, un punto clave, la intermediación de la Iglesia.
Hay reclamos justos, como también exigencias exageradas, que se tienen que exponer, analizar y debatir en busca de una solución que convenga al país y no solo a pequeños grupos de poder político y económico. El Perú es de todos los peruanos y ello siempre hay que tenerlo muy presente. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
