El próximo año tendremos elecciones generales en el mes de abril y, salvo algún milagro, tendremos segunda vuelta en el mes de junio. Para ello, la presidenta de la República ya convocó a dichas justas electorales, aunque con un par de semanas de anticipación.
Ante el desastre de las reformas electorales aprobadas durante el desastroso gobierno de Martín Vizcarra, y a instancias del mismo, que han conducido a la proliferación de partidos políticos, lo que nos lleva a tener, en lugar de una “cédula electoral”, un sabañón, muchos hemos insistido en que los partidos de similar ideología, pensamiento y programas de gobierno formen alianzas. Sea por una u otra razón, lo cierto es que hasta ahora no hay alianzas, habiéndose visto el Congreso urgido a ampliar el plazo para la formación y registro de estas.
Como alternativa viable para las alianzas, desde diversos sectores hemos sugerido que, por lo menos, las agrupaciones políticas de cercanía ideológica y programática se pongan de acuerdo para, en caso de llegar a ser gobierno, comprometerse con planes concretos de actuación.
En el Congreso, las agrupaciones políticas están obligadas a ponerse de acuerdo, pues, si no lo hacen, simplemente no habrá votos suficientes para aprobar las reformas legislativas que se requieren para el fortalecimiento del sistema democrático y el desarrollo del país, que lleve a la reducción de la pobreza y al aumento de puestos de trabajo.
Si ello se tendrá que hacer en el próximo Congreso, ¿por qué no se puede hacer lo mismo anticipadamente a las elecciones por los partidos políticos?
La respuesta es clara: sí se puede. Prueba de ello es que el Partido Popular Cristiano (PPC), Avanza País, Partido Aprista Peruano (APRA), Fuerza Moderna y Unidad y Paz, con el respaldo de Fuerza Popular, han suscrito un documento denominado “Política de Seguridad y Lucha contra la Criminalidad”, en el que, luego de un acertado diagnóstico, se comprometen con políticas públicas y determinadas acciones para llevarlas a cabo, con el ánimo de combatir eficientemente la delincuencia para mejorar la seguridad nacional y ciudadana, y así tener un país en paz y tranquilidad.
Pero el programa es mucho más ambicioso, pues contiene propuestas para “cortar la cadena de valor de las economías ilegales”, como, por ejemplo, la minería ilegal y el narcotráfico, entre otros.
También se propone una alianza con la sociedad para combatir “las extorsiones y el gota a gota que se han vuelto sistémicos”. Para todo ello, se necesita la repotenciación de la Policía Nacional, labores de inteligencia y contrainteligencia, tecnología de última generación y, por supuesto, la reforma del sistema de justicia penal, teniendo como componente la coordinación entre la Policía, los fiscales y los jueces, implementándose las unidades de flagrancia y resolviendo las carencias carcelarias, no solo en cantidad, sino en calidad.
Hay, además, un “Plan de Emergencia” e incluso medidas de gestión.
Debemos felicitar a las agrupaciones políticas que han puesto a sus expertos en seguridad ciudadana a debatir con sus similares de otros partidos, que, luego de arduo diálogo respetuoso, nos han dado un documento de gran valor que definitivamente ayudará en su implementación para alcanzar la seguridad y tranquilidad de la población, que se ha perdido por deficiencias y populismos ya conocidos.
Como se puede acreditar: ¡sí se puede! ¡Hay esperanza!
*Expresidente del Consejo de Ministros.
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