Los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto” revelaron, a la bruta, el extremo al que pueden llegar ciertos jueces y fiscales corruptos cuando se pasan al lado del mal. Para muestra, tres botones: (1) “Tu encargo se cumplió.” Estaban hablando del nombramiento en un alto cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura de una joven, digamos… débil de carácter. (2) “¿Que baje la pena o que lo declaren inocente?” Estaban coordinando la sentencia de un delincuente violador de una menor de edad. Y (3) “Estoy pensando en diez verdecitos.” Estaban hablando de favorecer a un narcotraficante. A ese nivel de podredumbre llegaron algunos de los más altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país.
Bueno pues, me temo que todo sigue igual en el Poder Judicial de nuestro país. El Poder Judicial, léase, el Ministerio Público o Fiscalía y el Poder Judicial, propiamente dicho, sigue siendo una institución infestada de corrupción, que muchos repudiamos. Por supuesto, soy el primero en reconocer que hay jueces y fiscales excepcionales – incorruptibles, inteligentes, incuestionables, que merecen nuestro mayor aprecio y gratitud. Pero, lamentablemente, hay también de los otros.
Los Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y varias universidades privadas, mediante los cuales se otorgan beneficios económicos a jueces y fiscales, y a sus familiares, no conlleva a nada bueno. ¿Qué justicia se podría esperar de jueces y fiscales, cuyos hijos, u otros familiares, estén estudiando en dichas universidades, en condiciones económicas ventajosas, ante casos delictivos perpetrados por los propietarios de las mencionadas universidades? Claramente… ninguna.
Aparte de conflictos de intereses, existe también el problema de la precariedad del Poder Judicial, frente al poder económico y delincuencial de avezados narcotraficantes, desalmados criminales, poderosos mafiosos, empresarios y funcionarios corruptos y demás. Me refiero, tanto a temas remunerativos como a condiciones laborales: inmuebles, mobiliarios, equipos, servicios, etc. ¿Acaso no hay fiscalías y locales judiciales inmundos, con baños sin agua, expedientes en el suelo, calurosísimos, y todo lo demás? ¿Qué fácil debe resultarle a un criminal, amenazar – o sobornar – a un juez o fiscal, para torcer un fallo judicial a su favor? ¿No será por eso, que tantos criminales andan libres y / o son declarados inocentes?
También tenemos el problema de la impredictibilidad de la justicia en nuestro país. Yo puedo dar testimonio de ello. Dos bloqueos de carreteras idénticos, me refiero a los bloqueos de Ica y Virú en diciembre de 2020, denunciados penalmente en los mismos términos, por los mismos delitos, con las mismas pruebas, con los mismos agraviados, en la misma fecha, merecieron hasta ahora dos fallos diametralmente opuestos. Pareciera que las fiscalías e instancias judiciales remotas, sobre todo, las de sierra y selva, son más permisivas frente a la corrupción y criminalidad organizadas. Lo cual es muy malo. ¡Muy injusto para la inmensa mayoría de peruanos! ¡Pésimo para el país!
He ahí otro inmenso desafío nacional, del cual se habla poco, muy poco… la reforma del “SISTEMA DE JUSTICIA” de nuestro país. Reforma que, dicho sea de paso, no podría gestarse dentro del propio Poder Judicial – por más autónomo que sea – porque no se puede poner al gato de despensero.
La reforma del “SISTEMA DE JUSTICIA” debería gestarse desde la ciudadanía, y en alianza con la prensa. Una prensa – y una ciudadanía – que funjan de controladores y evaluadores del monstruo de la “JUSTICIA” en nuestro país. Algo así como ¿juez coimero? ¡A la cárcel! ¿Juez miedoso? ¡A su casa! Todo público. Todo transparente. ¡No queda otra!
(*) Exgobernador regional de Ica
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