Francia, Perú, Chile y Ecuador: cuando la protesta se convierte en arma política

Hay una diferencia fundamental entre protestar contra un gobierno y utilizar el descontento social para debilitar al Estado. Lo ocurrido en Francia el 17 de octubre vuelve a plantear una pregunta que también debemos hacernos en Perú, Chile y Ecuador: ¿cuándo una protesta legítima termina convertida en un instrumento de lucha por el poder?

Reclamar por el costo de vida, los salarios o la pérdida del poder adquisitivo es legítimo. Ningún gobierno debería ignorar esas demandas. Pero una cosa es manifestarse y otra muy distinta es saquear comercios, incendiar edificios públicos o enfrentarse violentamente con la policía. La pobreza puede explicar el malestar, pero no justifica la destrucción de los bienes de otros ciudadanos.

Además, no todos los que salen a las calles tienen los mismos objetivos. Hay trabajadores que reclaman mejoras, ciudadanos indignados, grupos radicalizados y delincuentes que aprovechan el caos. Confundirlos a todos es un error; utilizar a los primeros para justificar los actos de los últimos también lo es.

La investigación académica sobre los movimientos sociales demuestra que las protestas pueden surgir de problemas reales y, al mismo tiempo, convertirse en espacios de competencia entre organizaciones políticas. El descontento popular puede ser espontáneo, pero también puede ser aprovechado por quienes buscan debilitar al gobierno, ganar votos o imponer su propia agenda. Por eso, no basta con preguntar por qué protesta la gente: también hay que investigar quién organiza las movilizaciones, qué objetivos persigue y quién termina beneficiándose de la violencia.

En Perú, Chile y Ecuador hemos visto cómo demandas económicas y políticas legítimas pueden mezclarse con enfrentamientos, saqueos y graves crisis institucionales. Francia enfrenta ahora sus propias tensiones. Las causas no son idénticas, pero existe una lección común: cuando la violencia desplaza a las propuestas concretas, los ciudadanos pueden terminar siendo víctimas de quienes dicen representarlos.

También resulta preocupante convertir automáticamente a la policía en culpable de todo enfrentamiento. Su obligación es proteger a la población y hacer cumplir la ley. Eso no significa que los agentes tengan carta blanca: cualquier abuso debe investigarse y sancionarse. Pero tampoco se puede exigir al Estado que mantenga el orden mientras se deslegitima, por principio, toda intervención policial.

En Francia, la cercanía de las elecciones añade un componente político. La derecha de Marine Le Pen puede capitalizar el temor a la inseguridad, mientras sus adversarios pueden intentar movilizar el descontento social contra el gobierno. La cuestión es qué propuestas concretas ofrece cada sector. Recuperar el orden es indispensable, pero también lo es atender los problemas económicos que alimentan la protesta.

Afirmar que existe una operación geopolítica detrás de los disturbios requiere pruebas. Sin ellas, sería irresponsable presentar esa hipótesis como un hecho. Lo que sí podemos afirmar es que la inestabilidad de una potencia europea tiene consecuencias que van más allá de sus fronteras y que cualquier crisis puede ser aprovechada por actores políticos con intereses propios.

La conclusión es sencilla: la protesta es un derecho, el saqueo es un delito y la violencia no se convierte en justicia social por invocar al pueblo.

Una democracia necesita ciudadanos capaces de exigir cambios, gobiernos dispuestos a escuchar y autoridades que hagan cumplir la ley. La izquierda, la derecha y cualquier organización política deben ser juzgadas con el mismo criterio: sus propuestas, sus actos y su respeto por las instituciones. El verdadero cambio social no consiste en destruir el orden democrático, sino en construir uno que funcione para todos.

(*) Abogado, Ph. D (c)