“Proceso contra Villarán podría terminar en 2033” 

• El letrado advierte que se han acumulado hechos relacionados con la campaña de la revocatoria y otros vinculados con su reelección, que muy bien pudieron haber sido separados. Señala que con ello retrasaron el proceso y beneficiaron a Susana Villarán.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

En diálogo con La Noticia Al Día por La Noticia TV (canal 27.2 de Best Cable y 203 de Cable Go), el abogado penalista José Pimentel sostuvo que el proceso judicial contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán podría prolongarse varios años debido a la cantidad de procesados y testigos. Cuestionó que se hayan acumulado distintos hechos en un solo expediente y criticó el tratamiento que el Ministerio Público habría dado al caso. Además, propuso reformar el sistema de justicia y establecer responsabilidades por las acciones u omisiones de fiscales y jueces.

¿Cómo explica la demora del proceso contra Susana Villarán? 

Creo que esto responde a una mala práctica, una mala técnica o un interés en que no pueda conocerse la verdad en un tiempo medianamente posible. Se han acumulado hechos relacionados con la campaña de la revocatoria y otros vinculados con su reelección, que muy bien pudieron haber sido desacumulados. Así se habría evitado un proceso con más de veinte procesados y novecientos testigos. Esto hace que un proceso colapse y sea inmanejable.

¿Considera que el juicio podría terminar en el 2027? 

Dudo mucho que acabe en el 2027. Novecientas personas dando su testimonio, a una por día, representan tres años. No creo que los jueces puedan dedicarse exclusivamente a este caso los 365 días del año. Quien ha construido esto está garantizando que sea completamente inviable. Creo que el proceso podría prolongarse hasta el 2033.

¿Qué diferencia encuentra entre este caso y otros procesos contra políticos? 

En el caso de la campaña de la revocatoria del NO, es evidente que, en su calidad de funcionaria pública, Susana Villarán recibió recursos de empresas brasileñas privadas, Odebrecht y OAS. Por lo tanto, ahí estaba claramente, según mi interpretación, el delito de cohecho.

En la reelección acepta fondos de campaña, pero en su calidad de funcionaria pública. Esa es la gran diferencia con otros casos, porque ella tenía esa condición al recibir los recursos y, paralelamente, se ampliaban contratos y se firmaban adendas.

¿Qué opina de que su declaración sobre los aportes no se haya incluido como prueba? 

Es completamente cuestionable. También fueron cuestionables las declaraciones del fiscal (Rafael) Vela cuando sostuvo que esa confesión tenía que ser corroborada en juicio para tener valor. Es evidente que, a mi juicio, hubo favoritismo y un doble rasero por parte del Ministerio Público, que debe responder por sus actuaciones.

¿Considera que la acumulación de hechos pudo favorecer a la exalcaldesa? 

Definitivamente. Quien construyó esta acusación y acumuló hechos y procesos en uno solo habría garantizado su inoperancia y la imposibilidad de juzgar en un tiempo razonable. En todo caso, aunque un juez o una sala podría determinar que se desacumulen los hechos, hacerlo ahora, cuando el juicio ya comenzó, también tomaría tiempo y podría afectar la unidad del proceso.

¿Se puede revertir la estrategia fiscal? 

Estamos en juicio. Desacumular en este momento va a tomar más tiempo, aunque un juez podría determinar que cada hecho se trate por separado. Sin embargo, al estar ya en juicio, la unidad del proceso se quebraría y se afectarían varios principios.

¿Cómo queda el sistema de justicia ante este caso? 

El sistema de justicia ha terminado siendo utilizado por fiscales del denominado equipo especial. Han dejado la justicia por los suelos. Creo que el sistema judicial peruano tiene que ser reformado y el Ministerio Público también.

¿Qué responsabilidades deberían asumir los fiscales y jueces? 

Tiene que modificarse el Código Procesal Penal y revisar las responsabilidades de fiscales y jueces. La reforma debe ser integral. Deben existir sanciones efectivas contra las malas prácticas, dolosas o no, de los actores de la justicia. Considero que deberían asumir responsabilidades civiles, penales y administrativas por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, como cualquier funcionario público.

SEÑALA QUE SE LE DEBIÓ IMPONER PRISIÓN PREVENTIVA

José Pimentel cuestionó que no se solicitara variar la detención domiciliaria de Susana Villarán por prisión preventiva tras la muerte de José Luis Castro, conocido como “Budián”, quien, según indicó, se había acogido a la confesión sincera. Pimentel afirmó que Castro fue asesinado para impedir que completara su declaración y criticó al Ministerio Público por no actuar frente a lo ocurrido.

Estas afirmaciones corresponden a la interpretación del entrevistado y no constituyen una determinación judicial sobre las circunstancias de la muerte. Pimentel sostuvo que fiscales y jueces deben responder por sus acciones u omisiones. Por ello, planteó que una reforma judicial incluya sanciones efectivas para prevenir malas prácticas y garantizar que las instituciones actúen con responsabilidad pública.