¿Hasta cuándo soportaremos el desastre gubernamental que nos agobia? ¿Existirá algún escape válido a la hecatombe que se avecina? ¿O quizá estemos condenados a perecer, observando el derrumbe de la República bicentenaria?
Son dramáticas preguntas, nacidas de la desesperación e incertidumbre. En el devenir republicano pocas veces tanto miedo colectivo ante la quiebra del futuro. Ingresamos al mes décimo de la pesadilla castillista y no percibimos algún atisbo de solución, en el horizonte cercano.
Sin embargo, no hay desánimo. Batallamos por la democracia y la libertad, frenando los arrestos totalitarios. Mientras en el continente otros países se dejaron embaucar, nuestras movilizaciones de arranque ganaron las calles, desplazando al radicalismo. Gracias a esta iniciativa democrática y popular, hoy una contundente mayoría rechaza a Castillo y su gobierno, sacando a luz sus torpezas y trapacerías de todo tipo.
Más el esfuerzo, aunque imprescindible, no ha sido suficiente. Carecemos de fuerza para cambiar las cosas, a través de la vía constitucional. Las invocaciones a enmendar rumbos, debido a la sectaria necedad oficialista, fracasaron sin ambages. Pero igualmente los varios intentos de vacancia presidencial, por falta de voluntad y votos parlamentarios. Asistimos a lo que Gramsci llamó un empate catastrófico. El gobierno no es capaz de desplegar sus planes siniestros. Empero, la oposición tampoco puede dirimir la pugna en sentido democrático. Cierto, la gavilla castillista se aísla cada vez más; pero el Perú no deja de desmoronarse día a día.
Paradójicamente una ventana de esperanza se ha abierto, a raíz del proyecto oficialista de Reforma constitucional. Claro, no por la propuesta en sí: una engañifa para distraer y reagrupar al izquierdismo alicaído bajo su cansina Asamblea Constituyente. Sino por la oportunidad de consultar a la ciudadanía, en las próximas elecciones territoriales. Los promotores saben que el archivo aguarda a su bodrio provocador. Pero no sospechan que el Congreso podría trocar la pregunta a consultar. En vez de “cambiar la Constitución” poner “cambiar al Presidente”. Sin ser profeta, la acogida popular al recambio presidencial sería, sin duda, masiva y resonante.
Y no sería difícil. Se requiere una reforma constitucional que reduzca los mandatos, por esta vez y, a la par, adelante las elecciones generales para todos. Que sea aprobada por la mitad más uno de los 130 congresistas. Y ratificada mediante referéndum, el próximo octubre. Todo conforme al Art. 206º de la Carta Política. Así surgiría la luz al final del túnel: tendríamos elecciones en abril y junio del 2023. Y nuevo Presidente y nuevo Congreso instalado el 28 de julio. Pendiente quedaría si las autoridades permanecerán hasta entonces. O será un Gobierno de Transición, nacido del consenso parlamentario, como sucedió el año 2000.
(*) Analista político
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