Hemos llegado a un punto de no retorno. Quienes fungen todavía como presidente de la República y primer ministro, Pedro Castillo y Aníbal Torres respectivamente, han hecho un llamado desde palacio de Gobierno a la sedición y al terrorismo.
Ambos pretenden repetir en el Perú no una revolución sino una algarada, azuzando a minúsculos sectores idiotizados con la ideología comunista. Y quisieran, por declaración propia, que se formen aquí grupos de sicarios equivalentes a la guardia de Evo Morales, los “ponchos rojos”, quienes mantuvieron en el poder durante muchos años al tiranuelo boliviano.
Desde el inicio del gobierno ha estado muy activo el mercado negro de armas ligeras; también está muy fluido el tráfico de explosivos. De hecho, hace pocos días se incautaron en Cusco más de 19 mil cartuchos de dinamita que estaban siendo transportados por un conocido terrorista vinculado nada menos que a los iraníes. Sin embargo el subversivo fue de inmediato liberado.
Por otra parte, se ha puesto al descubierto que el plan del gobierno es darle armas y autoridad territorial a los mal llamados ronderos campesinos y a los grupos de autodefensa que, si bien cumplieron un rol notable en la pacificación nacional en la década de los años 90 del siglo pasado, hoy en muchos casos pervierten la autoridad delegada incurriendo en graves perpetraciones contra los derechos humanos.
Adicionalmente este Gobierno ha relajado la lucha contra el narcotráfico en el VRAEM, donde los carteles mexicanos imponen sus condiciones en convivencia con los extremistas del militarizado Sendero Luminoso; mientras que el bolsón cajamarquino del narcotráfico que produce opio se mantiene intocable, lo mismo que la minería ilegal que no solo explota malamente los recursos naturales en Madre de Dios, sino también en las cordilleras del Cenepa. De todos esos sectores pretende Castillo conformar sus huestes; y también alienta el terrorismo desembozado del ML – 19, ex MRTA, que agita en pleno corazón de Lima.
Pero el descontento generalizado de la población no le permitirá al chotano lograr su propósito; y al decrépito primer ministro tampoco le será factible lograr la movilización de ciudadanos del campo a la ciudad. Más aun, es evidente que las Fuerzas Armadas tendrán que intervenir si se produce infracción constitucional o grave conmoción social.
La crisis ha llegado a un punto insostenible. Castillo está jaqueado por la fiscalía y por acusación como traidor a la patria. No es perseguido político sino imputado como cabecilla de una organización criminal orientada a controlar al estado para saquearlo desde dentro. Además, la mafia está claramente identificada en su entorno familiar, coterráneo y de truhanes infiltrados en la administración pública. Si a eso le sumamos el delito de sedición, estamos frente a una fiera acorralada que, aun cuando intente una agresión adicional a la democracia, muy pronto será cadáver político. Y conste que, aun cuando no lo propugnamos, el profesor puede terminar como los hermanos Gutiérrez: literalmente colgado de un poste a manos de la ira popular.
Vivimos momentos decisivos. No descartamos más incidentes violentos, ni nuevos escándalos políticos tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. También sigue siendo prematuro saber si podremos librarnos del mal mayor de caer en un gobierno de Dina Boluarte. Pero de lo que si podemos estar seguros es de que Castillo muy pronto caerá.
(*) Analista político
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