El estrechísimo margen de los resultados electorales del 6 de junio, más el cúmulo de denuncias de fraude, incluyendo una movilización permanente que pone en vilo la tranquilidad pública, están conduciendo al país a un punto muerto. Es decir, un entrampe absoluto, donde la ausencia de la claridad comicial sumada a las ingentes dudas en ebullición, desvanecen cualquier hálito de legitimidad para el futuro gobernante del Perú.
Sostenemos que, en esta oportunidad, los marcos de la normativa electoral no proporcionan salida para apaciguar los ánimos enconados al extremo. Nunca aceptarán lo emanado de reglas y procedimientos de naturaleza formal, quienes asumen como verdad sustantiva un “fraude en mesa”. Igualmente, aquellos que se creen ganadores jamás concederán anular actas ya contabilizadas, de modo que la rival gane por escasos votos. Y, todo ello, en un cuadro de objetivo deterioro de las instituciones electorales, a punto que la credibilidad de la cabeza del sistema, el JNE, es prácticamente cero.
En la historia hay tiempos de excepción donde las reglas jurídicas se muestra impotentes para encauzar la realidad. Momentos en los cuales el consenso que gozan las instituciones legales desaparece y se instala, en su lugar, la desconfianza generalizada. En consecuencia, ya no podrán, en adelante, regir la vida colectiva ni dirimir los conflictos con autoridad suficiente. Únicamente con la legislación electoral, no se colegirá un Presidente de la República indiscutible.
Algo similar ocurrió con las elecciones de 1962. En comicios apretadísimos ningún postulante alcanzó el tercio de los sufragios exigidos por la Constitución de 1933. Le correspondía al Congreso elegir entre los tres más votados. Haya, el ganador relativo, consciente del veto militar que pendía sobre él, declinó a favor de Odría, su archienemigo de otrora. Pero antes de ello, Belaunde había levantado barricadas en Arequipa y denunciaba fraude en las urnas. Antes de expirar su mandato el Presidente Prado fue depuesto por el golpe militar de Pérez Godoy, quien impuso nuevas elecciones. A pesar de ello, los apristas no optaron por la rebelión como en 1932, “el año de la barbarie” y consintieron participar. En los comicios de 1963 el Arquitecto se alzó con la victoria.
Hoy no cabe intervención militar alguna. Somos tajantes en ello. Pero a la luz del impasse surgido y las sórdidas sombras que tiznan al proceso, sólo cabe repetir la segunda vuelta, a la brevedad. Sin duda es una solución extra-legal. Pero no deja de ser un acto democrático, mucho más potable que forzar un ganador a ultranza. Y, sobre todo, nos libraría de una inmensa tragedia a la vista.
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