El nuevo rostro del delito: inteligencia artificial y la urgencia de una respuesta legal

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el mundo, desde la medicina hasta la educación, pero también ha abierto una peligrosa puerta para los delincuentes. En Perú, las estafas y fraudes utilizando tecnologías como la clonación de voz o los videos falsos (deepfakes) ya no son parte de un futuro lejano, son una realidad. Frente a esta amenaza, el Congreso ha promulgado la Ley n.º 32314, que endurece las penas contra quienes empleen la IA para delinquir, imponiendo hasta ocho años de prisión.

Aunque esta medida es un avance, también plantea desafíos que debemos enfrentar con urgencia y claridad. La Ley 32314 modifica el Código Penal para agravar las penas en casos donde la IA haya sido utilizada como medio para la comisión de delitos como estafas, suplantación de identidad o extorsión. No es una medida exagerada.

En un mundo donde un software puede clonar la voz de un familiar en segundos y convencerte de transferir dinero, el uso de la tecnología ha dejado de ser una herramienta pasiva para convertirse en un arma activa en manos equivocadas. Sin embargo, la tecnología avanza más rápido que la legislación. Cada día surgen nuevas aplicaciones capaces de manipular imágenes, textos y audios con un realismo inquietante.

¿Cómo distinguir entre una amenaza auténtica y una creada por un algoritmo? ¿Cómo asegurar que la ley se aplique correctamente y sin criminalizar el desarrollo tecnológico legítimo?

Estos son retos que el sistema judicial y el Estado deben abordar de forma paralela al castigo. Un aspecto positivo de la Ley 32314 es su carácter disuasivo. Si bien no detendrá todos los delitos, sí establece un mensaje claro: el uso malicioso de la IA no será tolerado. Pero no basta con castigar. Es urgente educar a la población sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pues aún muchos siguen cayendo en estafas digitales porque desconocen cómo operan.

Una política pública integral debe incluir campañas de información a la población, capacitación en ciberseguridad y una inversión seria en capacidades tecnológicas para los miembros del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía. Asimismo, es fundamental crear un ente técnico especializado en IA y ética digital, que oriente el desarrollo y uso responsable de estas herramientas.

Solo con un marco institucional sólido podremos garantizar que el Perú no solo sancione el uso indebido de la IA, sino que también lidere su aplicación ética e inclusiva al servicio del bien común. Por su parte, el sector privado debe asumir una cuota de responsabilidad. Las empresas que desarrollan herramientas de IA tienen el deber de incorporar salvaguardas éticas, y colaborar con las autoridades cuando sus productos son utilizados para el delito. Sin esta cooperación, el combate será incompleto.

La Ley 32314 es un paso firme en el camino correcto, pero no debe ser el único. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala por sí misma; su impacto depende de quién la utilice y con qué propósito. Por ello, Estado, ciudadanos y desarrolladores debemos trabajar juntos para garantizar que esta poderosa herramienta se utilice al servicio de la sociedad, y no en su contra.

(*) Juez titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.