El incremento de la corrupción en ambos poderes del Estado, por parte de algunos congresistas y funcionarios, es de amplio conocimiento debido a las denuncias que se vienen propagando por los medios de comunicación.
Esto nos demuestra la magnitud de lo que viene sucediendo. Lo que es más grave, el aumento de la inseguridad ciudadana, es insostenible. Esto se suma a la forma en que vienen actuando algunos fiscales al dar libertad a sanguinarios asesinos. La Junta Nacional de Justicia y los órganos de Control Interno no formulan denuncia alguna, sin tener en consideración lo resuelto por el Tribunal Constitucional y las Salas Penales de la Corte Suprema. Consideran que deben ser denunciados por el delito de prevaricato e incumplimiento de funciones.
Sin embargo, verificamos la existencia, a todo nivel, de una impunidad sin límites. El ejecutivo no ejecuta las medidas necesarias para combatir la delincuencia, que se lleva a cabo todos los días en forma de asesinatos, robos y extorsiones, y no les pasa nada, porque no hay una estrategia ni planes para hacerle frente.
El Congreso de la República viene aprobando leyes populistas, únicamente, para que no reparemos en el incremento de sus ingresos y cómo vienen actuando a favor de algunos de sus integrantes que han cometido delitos.
Pese a las evidencias, los liberan de ser investigados, pero es de manera provisional, hasta que terminen su mandato. Igualmente, es difícil que prospere un pedido de vacancia contra la presidenta porque, según declaran algunos congresistas, ella, al igual que los congresistas, deben seguir “ejerciendo sus funciones” hasta el 28 de julio de 2026.
Es decir, no les importa el pueblo peruano, les interesa únicamente sus bolsillos. Algunos de ellos tienen ingresos ilícitos, tal como han sido denunciados. Pero el pleno del Congreso, con una mayoría de sus integrantes, considera que no han cometido delito y resuelve archivar las denuncias, porque llegan a la conclusión de que son “santos”, ni siquiera pecadores, pese a las evidencias que demuestran todo lo contrario.
Nos encontramos ante una pugna de poderes. El Ejecutivo, al haber tomado conocimiento de que la fiscalía había solicitado la detención preliminar de Nicanor Boluarte y otros, toma la decisión de desactivar la Diviac, con la intención de que, al no contar con el apoyo para ejecutar esta medida coercitiva, se tenía que suspender. Pero la fiscalía consiguió que el juez Concepción Carhuancho, a las 4.45 a. m., decretara la detención preliminar, que es ejecutada de inmediato.
El Congreso de la República aprueba un proyecto de ley, modificando el Código Penal, sin técnica jurídica, al agregar un cuarto presupuesto para considerar aplicable la legítima defensa. Copian casi textualmente el inciso 4 del artículo 20 del citado código, que es otra causa de justificación, consignando las mismas circunstancias y condiciones para su aplicación. Lógicamente, no son pertinentes, pues favorecen al delincuente que agrede y en contra de quien se acoge a la legítima defensa, que tiene que reunir las condiciones que se mencionan y son innecesarias. Pero lo más grave es que modifican el Código Procesal Penal, igualmente innecesario, pues al parecer desconocen la existencia de la ley n.° 27936 del año 2003, que obliga al fiscal a realizar investigaciones preliminares para verificar la existencia de legítima defensa y, de comprobarlo, no denuncia y archiva la investigación. Si hay legítima defensa imperfecta, denuncia, pero el juez no debe decretar prisión. Los fiscales que no la aplican incurren en prevaricato.
(*) Exdecano del CAL
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