Sería muy sencillo, y hasta simplón, desear que el 2025 sea simplemente un año de paz y reconciliación nacional. Todo lo contrario, propongo que este nuevo período se de ajuste de cuentas y lucha política sin cuartel para limpiar nuestro precario sistema democrático.
Lo primero, y obvio, es que después de conocerse el acuerdo entreguista y vendepatria con Odebrecht se proceda como corresponde, abriéndole proceso penal, con detención provisional, a los fiscales, procuradores, jueces y ministros que permitieron tremenda barbaridad en desmedro del interés nacional.
No puede ser posible que los miserables que traicionaron al Perú sigan sueltos en plaza tras el pronunciamiento de la presidenta del TC, quien ha dicho que el acuerdo fue entreguista; y, peor, que sigan pontificando como santones caviares en torno a la falacia de la falsa dicotomía de que le perdonaron las deudas a la endemoniada empresa brasileña y sus cómplices nacionales porque más importante era conocer quienes eran los corruptos que resarcirse de los daños.
Junto con los artífices del acuerdo puñalero también deben ser procesados los periodistas, editores, directores y propietarios de esa prensa consorciada que ocultó el acuerdo, lo defendió a capa y espada y organizó una red siniestra de filtración de informaciones fiscales junto a las ONG financiadas desde el extranjero.
El ajuste de cuentas penales también debe terminar de apretar al lagarto Vizcarra hasta ponerlo en prisión. No solo por los ya probados casos de corrupción y enriquecimiento ilícito cuando era presidente regional de Moquegua, sino también por la nueva denuncia constitucional motivada en el golpe de estado que pretextó el 2019 con una inexistente denegación fáctica del Congreso. Por la misma razón deberían ir presos sus ministros que avalaron el putsch, comenzando por el actorzuelo Salvador del Solar y los ex miembros de un TC corrupto, ideologizado y crápula que justificó la barbarie de la cual deriva toda la reforma política caviar que hasta hoy nos afecta.
A Vizcarra y sus ministros de salud y economía deberían darle, además prisión de por vida, bajo cargo de genocidio durante la Covid 19 que le costó la vida a más de 200 mil peruanos, aparte de endeudar inmisericordemente al Perú por más de 900 millones de dólares. Eso no puede quedar impune.
Nuevamente, en este caso también los responsables de la prensa cómplice que veían en Vizcarra al “padre” deben ser procesados; y debe imputársele el respaldo y azuzamiento que llevó al segundo golpe de estado contra Merino de Lama y la entronización del encargado del despacho presidencial Sagasti (cuyo interregno tiene que ser investigado).
Y finalmente, aunque queda mucho por incluir en esta lista de ajustes -incluyendo todo lo que atañe a Dina Boluarte-, debe formularse de una vez la acusación penal por golpista a Pedro Castillo, cuyo breve período presidencial requiere terminar de escrutarse porque los corruptos que lo acompañaron y fueron sus ministros ahora andan sueltos en plaza con impunidad total.
Así, pues, que el 2025 sea un año de justicia y limpieza profunda porque solo el castigo a los réprobos políticos nos dará la paz que necesitamos.
(*) Analista político.
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