El Estado, para administrar sus ingresos y egresos, se guía por la Ley Anual de Presupuesto, la Ley de Endeudamiento y la Ley del Equilibrio Financiero.
Todas ellas están sustentadas en diversos principios, entre los cuales destacan la disciplina fiscal, el equilibrio financiero y la no iniciativa congresal en el gasto público.
Todo ello tiene su razón de ser; no son ocurrencias del momento, sino el resultado de años de experiencia acumulada.
La disciplina fiscal consiste, evidentemente, en gastar solo lo que está debidamente presupuestado y disponible en caja. El equilibrio financiero implica que los gastos estatales no pueden exceder los ingresos del propio Estado. Por su parte, la no iniciativa de gasto congresal busca evitar que el Parlamento cree obligaciones de gasto, ya que esta prerrogativa corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Los ingresos del Estado provienen principalmente de dos fuentes: los impuestos que pagan los contribuyentes y el endeudamiento local y externo, el cual requiere el cumplimiento de diversos requisitos. Entre los impuestos que constituyen ingreso presupuestal, destaca el Impuesto General a las Ventas (IGV), conocido en muchos países como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Si bien el IGV es del 16% sobre el valor de transferencia de bienes—principalmente muebles y servicios—en la práctica asciende al 18%, ya que se cobra conjuntamente con el Impuesto de Promoción Municipal, que es del 2% y está destinado a financiar el FONCOMUN.
Ahora bien, ¿a qué viene todo lo expuesto? La respuesta es sencilla: en el Congreso ha surgido la idea de reducir el IGV al 14% y aumentar el Impuesto de Promoción Municipal al 4%, de manera progresiva.
Esta medida es maligna, ya que transfiere recursos administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas—que generalmente los gestiona eficientemente—a las municipalidades, que suelen ser señaladas por no resguardar adecuadamente los fondos estatales, ignorar la disciplina fiscal, carecer de proyectos bien estructurados debido a la falta de funcionarios con alto nivel técnico, y olvidar que deben existir reglas de austeridad, aunque esta palabra los incomode.
Algunas autoridades del Ejecutivo, junto con parlamentarios, justifican este cambio tributario alegando que es un reordenamiento que no afectará la disciplina ni el equilibrio presupuestal, dado que la sumatoria actual del 16% y el 2% alcanza el 18%, el mismo resultado que al sumar 14% más 4%. Sí, saben matemáticas, pero no entienden la dinámica presupuestaria. Se le quitará un 2% del IGV a los ingresos de la Caja Fiscal administrada por el MEF, lo que reducirá la capacidad de financiamiento para gastos corrientes y de inversión. En cambio, los municipios—que no se distinguen por gestionar bien los recursos—tendrán más fondos para actuar sin mayores controles ni respeto por las reglas de una sana economía financiera. Esto es de locos y no luce bien, pero peor aún en un contexto de déficit fiscal.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
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