Las circunstancias actuales obligan al Congreso de la República a asumir el imperativo histórico de ser leales y consecuentes (los congresistas) con la idea básica de la democracia representativa que es la de gobernar, en este caso desde uno de los poderes del estado, en favor del pueblo y en defensa de las instituciones que sustentan el modelo político que la misma población ha elegido.
En esa perspectiva, el Congreso deberá resolver al margen de las pasiones personales, pero, fundamentalmente en contra de aquellos malos legisladores que han alquilado el alma para nutrir el cuerpo y que de alguna manera son un escollo para resolver la crisis política que hoy vivimos.
Seamos precisos en decir que el Ministerio Público ha cumplido su deber de presentar una denuncia constitucional contra el presidente de la república, Pedro Castillo, calificando su actuación como jefe de una organización criminal que integran, además, dos ministros y por el momento seis parlamentarios.
En ese contexto entiendo que habrá que pronunciarse declarando a lugar esta denuncia constitucional con precedencia de la decisión que se tome si se hace de manera inmediata o se difiere al año 2026; pero este es solamente un primer paso. El contenido de esa denuncia de hecho ha nutrido la moción de vacancia por incapacidad moral que está presentando el congresista Edward Málaga (no agrupado) y que es la puerta de salida a las barreras e inmunidades que establece el artículo 117 de la Constitución.
Por último, y para mejor resolver, deberá modificarse el reglamento del Congreso para impedir que participen en el proceso de deliberación y votación de todos estos institutos de control político, de aquellos congresistas que se encuentran incursos en la investigación; y es que así como no puede votar la Comisión Permanente porque ya tiene una opinión formada sobre el tema, tampoco deberían votar aquellos a quienes esa denuncia podría, eventualmente, perjudicar. La mujer del césar no solamente debe ser honesta, sino que también parecerlo.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
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