Al parecer la ruta política del Perú, a seguirse en los próximos años, alejada de los extremismos, pasará por construir una democracia con justicia; ello sin mengua de gobernantes probos y eficientes.
La justicia social implica la manifestación de una serie de medidas legislativas y la implementación de planes, programas y acciones, focalizadas en mejorar las condiciones de vida de aquellas capas de la sociedad excluidas del disfrute o acceso a los mínimos de bienestar y progreso.
Así, mediante acciones de equidad, redistribución y solidaridad se debe aspirar a mejorar la calidad de vida de ciertos grupos de la sociedad. Para ello habría que comenzar por reconstruir toda la oferta estatal en el ámbito de los servicios públicos (salud, educación, agua y desagüe, etc).
La justicia social dentro de un sistema democrático y con un régimen de economía social de mercado, responde a una convicción ideológica, de bienestar compartido y de procura de una convivencia digna para todos.
Ella esgrime la compensación social por la vía de la acción directa estatal y la redistribución correcta del excedente económico.
Su promoción y desarrollo generara un acercamiento a la paz social, a la desafección de toda forma de violencia político-social y a la derrota de las ideologías que promoviendo el odio, el rencor y la confrontación entre peruanos, en puridad aspiran a construir una sociedad totalitaria, en donde sin justicia social, además careceríamos de libertad, democracia y humanismo.
Ojalá que los peruanos sepamos entender cabalmente que la democracia necesita sustentarse en una ciudadanía que no solo vote, sino que además viva cotidianamente en armonía con la solidaridad y dignidad humana.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
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