Delinquir es un negocio sin riesgo en nuestro país, gracias a algunos políticos.

Las últimas declaraciones del Premier Otárola indican que los extranjeros, detenidos en flagrante delito, van a ser expulsados de inmediato; sin embargo, luego fue aclarado mediante una nota de prensa del Consejo de Ministros, que dicha expulsión solo puede hacerse efectiva luego de que el extranjero cumpla la pena impuesta como consecuencia de una sentencia condenatoria por el delito cometido, después de un debido proceso, tal como lo señala de forma expresa, clara e inequívoca el artículo treinta del Código Penal.

Con dicho ofrecimiento, similar a la propuesta del alcalde de Lima, los únicos beneficiados y premiados serían los delincuentes extranjeros, pues no serían objeto de pena y el Perú se convertiría en importador de los delincuentes más sanguinarios.

El mensaje absurdo e inaudito es: ven al Perú, delinque, no te juzgamos ni condenamos, pese a que has cometido un delito que reviste gravedad y las autoridades peruanas se van a limitar a expulsarte. Es decir, en buena cuenta los premian.

Es el caso que en los últimos meses se viene legislando de manera populista, única y exclusivamente para ganar titulares en los medios de comunicación; pero a favor de los delincuentes, como verificamos continuamente.

Es lamentable que se ofrezcan públicamente nuevas figuras delictivas, como “terrorismo urbano”, la misma que no procede porque jurídicamente no puede legislarse de esa manera.

Basado en dicho planteamiento tendríamos homicidios, extorsiones, estafas etc., urbanos, rurales de la costa y selva. Indudablemente estos ofrecimientos carecen de técnica y lógica jurídica. Es necesario que se haga conocer ante la opinión pública y dejen de engañar al pueblo. Sobre todo porque los beneficiados son los delincuentes; y la recomendación al alcalde de Lima es que convoque a los alcaldes distritales y acuerden qué medidas deben aplicar a favor de sus vecinos. No se necesitan leyes sino ejecución de las acciones necesarias para que el ejecutivo y las municipalidades nos brinden las seguridades que requerimos los peruanos. Son tan elementales que inclusive están incurriendo en el delito de omisión, demora y rehusamiento de actos funcionales.

Lo real y concreto es que el estado de emergencia no da ningún resultado; y lo que es más grave es que los asesinatos, sicariato y robos de celulares se han incrementado. Lo que demuestra una vez más que no existe planificación ni estrategia alguna para brindarnos seguridad. La vida e integridad física de nuestras esposas, hijos y nietos están expuestos en las calles llegándose al extremo de utilizar granadas. Es decir actos de terrorismo. Que están expresamente señalados en la ley y es lamentable que los fiscales no tipifiquen estas conductas como terrorismo.

Y si a ello le agregamos que hace mucho tiempo se viene recurriendo a estas prácticas y no se aplica la ley; fiscales ordenan libertades para avezados delincuentes exponiendo a la sociedad ante delincuentes sanguinarios y ninguna autoridad – Órgano de Control Interno del Ministerio Público o la JNJ – toman ninguna medida; y ahora vienen archivando denuncias pese a las evidencias que se presentan. Es decir observamos una impunidad sin límites y ahora es un negocio delinquir.

*Exdecano del CAL

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