El 30/9/2019 Martín Vizcarra, por intermedio de su primer ministro Salvador del Solar hizo cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional que en el momento de su irrupción se estaba realizando y como se sabe la cuestión de confianza se presenta sobre temas de gobierno y no sobre atribuciones específicas que son exclusivas del parlamento.
Para el gobierno de aquel entonces y por declaraciones del mismo premier se consideraba al TC parte del Ejecutivo (no como un ente autónomo) y una nueva legislación con su consiguiente debate iba a permitir seguir atrasando la elección de los integrantes de aquel colegiado que ya había vencido.
En la sesión se estaba votando la elección de dos miembros del TC y alcanzó los votos exigidos el reconocido jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, mientras que no logró su aprobación Manuel Sánchez Palacios, inmediatamente se puso a debate la “cuestión de confianza” planteada intempestivamente por el premier, que fue aprobada por mayoría, a los pocos minutos en respuesta al Congreso en mensaje a la nación Vizcarra expresó que “fácticamente no se le había dado la confianza” y por lo tanto cerraba el parlamento.
Esta absurda medida considerada como un golpe de estado fue aceptada por los miembros del TC que se les había vencido el mandato decisión que fue corregida por los actuales integrantes estableciendo que “el Poder Ejecutivo solo puede plantear cuestión de confianza respecto de sus propias competencias, sin que estas puedan interpretarse de manera extensiva”.
El ex PCM Salvador del Solar ha afirmado que hasta antes de la dación de esta aclaración del TC se podía realizar la “denegación fáctica”, justificación torpe con tufillo a tinterillaje.
El viernes 20 se conoció el Acuerdo de Colaboración Eficaz (ADCE) entre la corrupta empresa Odebrecht, la Fiscalía y la Procuraduría. Siempre he dicho que no se puede negociar con profesionales del delito y un par de ideologizados a quienes se le suma un cobrador de multas de una municipalidad distrital. La finalidad de los “negociadores” de ese acuerdo fue de mantenerlo en secreto absoluto que ni las partes tuvieron acceso al mamotreto de 1057 páginas, que como novedad han contribuido en emplear la “colaboración progresiva”. Esta nueva modalidad de “colaboración” consiste en que si las autoridades peruanas se enteran de algo adicional la empresa corrupta lo dirá, pero aquellos nuevos descubrimientos no van a ser materia de reparaciones y menos indemnizaciones que las pactadas en este “acuerdo” a todas luces ineficaz.
¿Qué pasaría si los daños y perjuicios al estado peruano son mayores a lo que se firmó en el ADCE? Pues absolutamente nada porque el país a través de la fiscalía y la procuraduría se sienten satisfechos con la reparación que ya han pactado. Por otro lado, quien negocia o afina el ADCE es la Fiscalía y en este caso José Pérez es el mayor responsable de este desatinado y dañino documento en contra de los intereses del Perú.
Todo indica que se pretende aprovechar la lingüística en desmedro del derecho; de usar definiciones gramaticales en vez del uso correcto del lenguaje jurídico establecido en la ley; recientemente la frase “tiene legalidad, pero no legitimidad” se ha tomado como si esto fuera la realidad dejándose a un lado los plazos que se dan en democracia y para mellar la imagen de tal o cual poder del Estado se fundan en encuestas de popularidad que son solo sondeos de opinión.
Por eso creo que los mismos que se les ocurrió “la denegación fáctica” son los que ahora implementaron “la colaboración progresiva”, y todo eso para infringir daño al sistema democrático y con un ADCE que causa un enorme daño al tesoro público.
(*) Abogado y excongresista.
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