Los muertos y heridos civiles y policiales -que lamentamos de todo corazón- así como los desmanes vandálicos que se siguen perpetrando en diversas regiones y provincias de nuestro país no son, de manera alguna, consecuencia de la protesta pacífica de un sector minoritario de la población: el origen se encuentra en la acción coordinada y perfectamente articulada del Movadef /Sendero Luminoso cuya clara intención es generar el caos y el terror para destruir el sistema democrático, aprovechando la crisis.Viejo ardid de los rojos.
Para ello, han contado durante 17 meses con el apoyo del régimen corrupto del golpista Pedro Castillo, condenado a 18 meses de prisión preventiva por intentar torpemente dar un golpe de Estado y cuya defensa política ha sido asumida precisamente por los senderistas que lo acompañaron al poder y que ahora, ante la desesperación de perderlo, se han desnudado ante la opinión pública. Muy presentes están los prefectos y subprefectos terrucos que nombró Castillo, felizmente botados por el actual gobierno por azuzar la violencia.
La presidenta de transición Dina Boluarte ha procedido correctamente a establecer el estado de emergencia: debe separarse la paja del trigo en las protestas, aplicándose todo el peso de la ley a los terroristas y debe también darse a la policía todo el apoyo para que continúe su labor con las Fuerzas Armadas y , por cierto,las garantías del caso, sancionándose debidamente cualquier exceso: estamos en una guerra.
Los dos caviares que han renunciado a los ministerios de Educación y Cultura, “porque la violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, siguen la misma traidora línea de conducta de sus predecesores que, de una u otra forma, han apoyado siempre a los terroristas y han perseguido a las fuerzas del orden. Recordemos el caso de Chavín de Huántar, uno de cuyos héroes es precisamente el General Williams, hoy presidente del Congreso, quien debe ponerse las pilas tal como espero que Boluarte no siga caviarizando su Gabinete Ministerial.
Y, realmente, que tal Congreso: sin caer en la trampa senderista de convertir el adelanto de elecciones generales en el preludio de una Asamblea Constituyente, los congresistas democráticos -hasta los mercaderes que ahí pululan deberían serlo, por conveniencia- tienen la obligación política y moral de aprobar la correspondiente modificación constitucional que fije fecha a los comicios, iniciando también de inmediato el debate de las reformas políticas requeridas para que, especialmente, exista un filtro real sobre delincuentes y terroristas.
Aquí el cálculo político debe basarse en los altos intereses de la Patria y no en la vocación de entornillarse en la curul, a sabiendas de que no hay reelección.
(*) Presidente de Perú Nación
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