El gobierno de Dina Boluarte llegó al poder en medio del caos que siguió a la destitución de Pedro Castillo en 2022. Lo que comenzó como una promesa de “orden y gobernabilidad” terminó en un mandato marcado por la represión, la inseguridad y el desgobierno.
En 2025, los asesinatos, extorsiones y la corrupción policial evidenciaron el fracaso de sus políticas de seguridad. Medidas como los “cuartos de guerra”, los constantes cambios de ministros del Interior y los decretos de estado de emergencia fueron gestos mediáticos sin resultados concretos. Paralelamente, crecían los escándalos por lavado de activos, compras públicas irregulares y enriquecimiento ilícito en los niveles más altos del Ejecutivo.
La salida de Boluarte no significó una renovación ética. La llegada de José Jerí, señalado por antecedentes cuestionables, profundizó la desconfianza ciudadana en el sistema político. Su elección simboliza la continuidad del pacto de impunidad que protege a congresistas, empresarios y operadores judiciales.
El Perú de 2025 es un país gobernado por la desconfianza, donde la legitimidad ya no proviene del voto, sino de la manipulación de la ley y los medios.
La vacancia de Boluarte y el ascenso de Jerí no representan un cambio, sino una confirmación: el Perú está atrapado en un sistema donde la corrupción no es un accidente, sino el modo habitual de gobernar.
La democracia peruana se ha vaciado de contenido. Las instituciones existen, pero sin ética, sin legitimidad y sin ciudadanía que crea en ellas. El desafío no es solo reemplazar autoridades, sino refundar el pacto social sobre la base de la transparencia, la justicia y la educación cívica.
Mientras eso no ocurra, el Perú seguirá siendo un país con presidentes de paso, congresos corruptos y una ciudadanía cada vez más hastiada de una clase política que ha traicionado su mandato histórico.
La corrupción política es el uso del poder gubernamental para obtener beneficios indebidos. Sus modalidades incluyen soborno, cabildeo, extorsión, nepotismo, clientelismo, tráfico de influencias, favoritismo y malversación de fondos, entre otros. Incluso se han registrado asesinatos vinculados a estas prácticas.
Finalmente, quienes viajamos y tenemos contactos en el extranjero sabemos que se nos percibe como una nación corrupta. Con todos los recursos que posee el Perú, no deberíamos enfrentar penurias en salud, educación o seguridad. Estos sectores, lejos de funcionar, se han convertido en una carga para el Estado. Ya deberíamos pensar en reducir el aparato estatal, empezando por el poder legislativo y fusionando o eliminando algunos ministerios.
(*) Presidente de Aprosec.
