En 1920 durante el régimen del presidente Augusto B. Leguía, vino en calidad de jefe de la Comisión de Irrigación de Piura y Lambayeque el ingeniero y geógrafo norteamericano Charles Wood Sutton con el propósito de incluir dentro de las tierras agrícolas las pampas de Olmos. Por el fenómeno El Niño de 1925 las obras quedaron paralizadas y los fondos se destinaron para la ayuda de los damnificados lo que implicó carcelería para Sutton cuando el gobierno de Sánchez Cerro le acusó de actos de corrupción al destinar el presupuesto de la irrigación para ayudar a los afectados de 1925.
Pasaron los años y es recién en el gobierno de Alejandro Toledo y su ministro de economía Pedro Pablo Kuczynski que se suscribió el contrato de concesión con la empresa Trasvase Olmos el 22 de julio de 2004, perteneciente al grupo Odebrecht por una inversión de 184 millones de dólares. Después el 11 de junio de 2010 se firma un nuevo contrato de concesión con H2Olmos SA empresa que también forma parte de Odebrecht. En ambos contratos los gobernadores regionales Yehude Simons Munaro y Nery Saldarriaga fueron los que llamaron a concurso público internacional con el respaldo del gobierno central.
La realización de Olmos tuvo un costo inicial de 222 millones de dólares y terminó costando 580 millones, mucho más del doble; este tipo de actividad es una característica de la empresa Odebrecht, quienes ganan licitaciones por un determinado precio y al final con adendas, arbitrajes y corrupción los costos se elevan de manera exorbitante.
El proyecto Integral de Olmos tiene tres componentes, 1) el trasvase de agua, cuya operación se inició en agosto del 2012; 2) la generación hidroeléctrica de 850 GWh/año (licitado a Sinersa); y, 3) infraestructura de riego y puesta en valor de 38,000 ha. de tierras eriazas y mejoramiento de 5,500 ha. de tierras en Olmos, a cargo de H2Olmos.
La concesionaria Trasvase Olmos que como ya hemos dicho es parte del grupo Odebrecht, tuvo la asesoría especializada de Wesfield Capital cuyos honorarios fueron pagados por “comisión fija, estructuración y colocación”, por la suma de US$ 20,000 efectuado el 25 de mayo del 2005; además de otros pagos adicionales por reembolso, recibidos durante los años 2004 y 2005.
Ahora la concesionaria Trasvase Olmos solicita la ampliación de la concesión que tiene a su cargo, y con los antecedentes de esta empresa que tiene contra el Perú, es evidente que nada bueno obtendrá nuestro país y menos el gobierno regional de Lambayeque si se negocia con una transnacional del delito que tiene procesos abiertos ante la justicia internacional permitidos por malos procuradores, fiscales y jueces que no salvaguardaron los intereses nacionales. Los que al final afrontarán cualquier carga de esto, no es un gobierno regional sino el nacional.
En caso que se quiera ampliar la concesión ¿quiénes serán los negociadores? profesionales tan capacitados como Jorge Ramírez y Silvana Carrión. ¿Y quién o quienes firmaran la documentación alguien con la misma ecuanimidad de José Domingo Pérez? Seguramente para informar directamente de lo que suceda habrá un sagaz manipulador de celular como Rafael Vela Barba.
Nuevamente, debo advertir al país que no se puede negociar con delincuentes y menos con quienes siguen sacando provecho por las acciones de los pésimos funcionarios que no defienden los intereses del Estado.
(*) Abogado y excongresista.
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