En 1991 el ex presidente Alberto Fujimori creó la situación ideal de enfrentamiento con el Congreso de la República para preparar la disolución inconstitucional de dicho poder del estado. A pesar que el parlamento bicameral trataba de darle todas las facilidades al ejecutivo después del desastre heredado el 28 de julio de 1990 (terrorismo, hiper inflación, corrupción y desborde social). Sin embargo, la dupla: Fujimori – Montesinos empezó a tejer el asesinato a la democracia que derivó en el autogolpe de estado del 5 de abril de 1992. La idea era patear el tablero y controlar los poderes del estado, incluyendo las Fuerzas Armadas para poder perennizarse sin controles e impunidad.
Debemos reconocer que había en aquel momento personas más pensantes en el gobierno, por eso la fabricación de circunstancias y enfrentamientos con el legislativo, pese a que si bien era un poder con mucho mejor figuras y mayor solera que la pobreza de representantes que tenemos ahora, trataba en lo posible de cohabitar políticamente con el régimen fujimorista y salir del entrampamiento económico – político que recibieron en julio de 1990. Luego, si bien la OEA no consintió las formas de interrupción democrática del 5 de abril ni sus objetivos dictatoriales, en el fondo consintió el golpe de estado. Los autores del mismo se fueron reeligiendo inconstitucionalmente hasta después del año 2000. Han pasado décadas, y los planes de Pedro Castillo, del cerronismo, y del entorno comunista son muy parecidos, aunque los actores de hoy sean burdos.
El inefable primer ministro, Aníbal Torres, presentó ante el Congreso una cuestión de confianza para derogar una ley que precisamente regula la cuestión de confianza con el objetivo siniestro de agudizar las contradicciones y generar más tensiones con el Parlamento ad portas de la llegada de una delegación de la OEA intitulada: “Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos”, quien por pedido explícito del gobierno y utilizando la Carta Democrática de ese organismo solicitó su arribo a nuestro país con el fin de victimizarse internacionalmente, y de modo cínico denunciar que se trata de una persecución política contra su corrupto e inepto régimen y que detrás de esa supuesta persecución se encontraría el Congreso de la República, el periodismo, el empresariado y hasta la propia Fiscal de la Nación, quien ha denunciado al propio presidente Pedro Castillo en varias carpetas fiscales por liderar una organización criminal desde la cúpula del poder en agravio del estado peruano.
Por ello, es el momento de que, evocando nuestra historia más reciente, los peruanos y patriotas denunciemos esta jugarreta en los fueros nacionales e internacionales, es hora de salir a las calles a protestar y desenmascarar el juego sucio y perverso del régimen de Castillista, y que el Congreso en una actitud firme declare improcedente la cuestión de confianza presentada por el ejecutivo, ya que invade funciones que le son exclusivas y excluyentes al propio Poder Legislativo. No permitamos que la OEA abarrotada de personajes de ideología chavista o de extrema izquierda avalen a un gobierno ladrón como el que lideran Castillo, Cerrón y Aníbal Torres.
(*) Exvicepresidente de la República
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