Por fin Milagros Leiva ha aportado las pruebas que se necesitaban para demostrar cómo funciona la imbricada red criminal de tráfico de influencias del IDL en el Ministerio Público. Ahora solo falta que la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia adopten las medidas correctivas para poner fin a un escándalo que se arrastra desde del año 2000.
En resumen, la periodista de Willax TV ha demostrado que el fiscal adjunto provincial Rodrigo Rurush Castillo fue coaccionado en su función autónoma y jurisdiccional por el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez para suspender el año 2018 un operativo que involucraba a la ONG que encabeza el todopoderoso operador mediático Gustavo Gorriti.
El caso trataba de la exhibición de documentos y audios difundidos por IDL Reporteros, los cuales fueron usados para revelar actos supuestamente ilegales del entonces vigente Consejo Nacional de Magistratura. “En el curso de la diligencia, dice Rurush, Sánchez Velarde me llamó del número de su celular de su asistente para señalarnos la siguiente frase: ‘¿estás llevando a cabo la diligencia en IDL?’, a quien le referí que sí, que estoy llevando, pero se está suspendiendo”. La respuesta de Sánchez fue tajante “suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias”.
Segundos antes de la comunicación amedrentadora Gorriti se le acercó a Rurush y le señaló que “en 5 minutos te llama Pablo Sánchez Velarde”, poniendo en evidencia su poder sobre el fiscal de la nación.
Frente a esta denuncia que ha sido documentada e investigada recién en abril de 2023, Sánchez ha sacado un comunicado en el cual reconoce haber realizado la llamada “porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular que traería cuestionamientos a la institución”. Sin embargo, eso no lo exime de delito de coacción porque nunca debió interferir en las acciones jurisdiccionales de un fiscal de menor rango y, mucho menos, ofrecer disculpas al intervenido.
Corresponde ahora que el titular actual del Ministerio Público, Juan Villena, ordene una investigación interna y que la Junta Nacional de Justicia disponga sumariamente la suspensión en el cargo de Pablo Sánchez, de manera proporcional a lo que acaba de hacer con Patricia Benavides. De no hacerlo incurrirá en un doble rasero moral que el Congreso de la República podría sancionar.
En cuanto a Gorriti e IDL este caso demuestra cómo la ONG caviar ha venido controlando al Ministerio Público vía una infiltración sistemática que le permitía evaluar a magistrados y fiscales; manipular su nombramiento; acceder a los casos bajo investigación; manipular pruebas y publicar “primicias” obtenidas por los funcionarios de justicia, incluyendo informes reservados y el contenido de interceptación de comunicaciones de los justiciables.
Ese enorme poder, hoy probado con declaraciones y documentos de los propios fiscales le ha permitido a IDL convertirse en una red de manipulación y tráfico de influencias muy poderosa pero ilegítima en la política peruana; y además estar al servicio de intereses de la subversión y la defensa legal de terroristas.
Por eso es solo una pataleta sin sentido que Gorriti reaccione diciendo que “Quieren enlodar todo y demuestran que son unos brutos con ganas, pues sacan esa acumulación de porquerías en el momento en que IDL gana premios internacionales por trabajos de investigación”. Y es que en realidad los premios y elogios se los concede una red de organizaciones caviares como la CIDH y de ONG que son patrocinadas por su mismo financista principal: el globalista George Soros.
(*) Analista politico
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