Hay una frase de uso común: “Dios perdona el pecado; pero no el escándalo”, que puede aplicarse en política cuando un organismo estatal con una bajísima legitimidad social no responde a los problemas que atañen a su propia institución de la mejor manera posible, sino acudiendo al más llano populismo del “dinero fácil” obtenido de todos los peruanos que contribuimos mes a mes con nuestros impuestos.
Ý es que sucede que la actual Mesa Directiva del Congreso de la República acaba de aprobar, en una reunión celebrada el jueves 27 de abril del presente año la autorización de una bonificación especial de S/. 9 900 (Nueve mil novecientos soles) dirigida a todos los trabajadores activos del servicio parlamentario, así como de la organización parlamentaria, lo que en buena cuenta significaría un desembolso total ascendente a la cantidad aproximada de S/. 35´640.000 (Treinta cinco millones seiscientos cuarenta mil soles) si se considera los más de 3 600 (tres mil seiscientos) empleados que tendría el Poder Legislativo a la fecha, que se encuentran en funciones.
Las razones básicas esgrimidas informan que dicho monto será entregado, según el Acuerdo N° 130-2022-2023/MESA-CR, de manera extraordinaria; esto es, por una sola vez, y por motivos como la ampliación de la legislatura, la cercanía al Día del Trabajador y el incremento de costo de vida”, por lo que la Mesa Directiva en cuestión determinó aprobar el bono equivalente a dos (2) UIT para el efecto.
Frente a ello debemos decir, en primer lugar, que los aumentos remunerativos a los empleados públicos deben de obedecer centralmente a parámetros de racionalidad y equidad, por más que se trate de un bono extraordinario que se entrega por única vez, considerando que los fondos vienen de los recursos del Tesoro Público.
En segundo lugar, los bonos extraordinarios y todo aumento salarial se debe dar, luego de un estudio riguroso de impacto de la medida en las arcas del Estado y en atención a los sectores que perciben menor cantidad de ingreso mensual en las diversas dependencias públicas.
En tercer lugar, no se debe dar una medida de ese tipo en una coyuntura problemática, como es la que se refiere a las denuncias contra congresistas que se apropian de gran parte de la remuneración mensual de sus subordinados y asesores. No se debe de ignorar tales criterios.
(*) Analista político.
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