“Narcos nos amenazan y el Estado no nos protege”

POR: GINO ZÁRATE

Los narcotraficantes y los colonos acosan y mantienen en zozobra a los nativos en la selva peruana. Amenazan y asesinan a sus líderes para evitar su férrea oposición a su actividad ilegal. Uno de los pueblos afectados por esta vorágine de violencia es el kakataibo, que habita en los departamentos de Ucayali y Huánuco, entre las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu. Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenakoka), dialogó con La Noticia sobre este tema y exigió el apoyo del Estado para contener el asedio del narcotráfico.

¿Cuál es la situación de los líderes aborígenes de la selva?

En la Amazonía hay un desorden tremendo, la política ha cambiado mucho, los defensores de derechos humanos no responden, no atienden los pedidos que se hacen por nuestras vidas. Vivimos constantemente amenazados y no hay solución. Por eso, insistimos al Gobierno que nuestro trabajo dirigencial debe ser escuchado y valorado, que preste atención a los buenos dirigentes porque ha habido muchos que nos han traicionado y han apoyado al narcotráfico.

¿Cuáles son los principales reclamos que hacen al Estado?

El reclamo es el reconocimiento de nuestros territorios ancestrales, la titulación, la administración de tierras y una adecuada defensa ante las amenazas y la persecución de nuestros líderes por parte del narcotráfico. Tenemos enemigos invisibles que mediante llamadas y mensajes amenazan a los dirigentes para que no hagan su trabajo por la comunidad y no luchen por sus derechos. El Estado no nos protege.

¿Con qué objetivo los amenazan?

Buscan sembrar miedo porque saben que no estamos protegidos. Sabemos que, a nivel de cultivo ilegal de hoja de coca, Perú está en el segundo lugar y eso lo causa el narcotráfico cuando no se combate ni ayudan a combatirlo. Por eso queremos que nos ayuden a hacer respetar nuestras tierras. Es el lugar donde hemos vivido siempre con nuestra gente y nuestras costumbres. Los dirigentes tenemos que estar al lado de nuestra gente, no vivir escondidos solo por hacer respetar a nuestros ancestros, nuestros territorios. Somos ciudadanos también.

¿Han conversado con el jefe de Devida sobre esto?

Sí, hemos conversado, pero necesitamos diálogo con el señor de Devida, tener mayor comunicación, ya nos reunimos con Ricardo Soberón y ha tenido una buena actitud, pero urge tener más conversaciones, que atienda nuestra agenda.

¿Qué puntos incluye vuestra agenda?

Nuestros planteamientos hechos ante Devida son, primero: erradicar los cultivos de hoja de coca; como punto dos: que el gobierno coordine directamente con los indígenas y no con los gobiernos locales o regionales que, al final, se quedan con presupuesto que puede servir a nuestra comunidad para otros fines. También queremos que nuestras propiedades sean legales y cuenten con protección porque solos nos podemos pelear. Defendemos nuestro ambiente, pero el narcotráfico sigue avanzando. Necesitamos que el Estado ayude con dinero y definir quiénes lo van administrar para que de verdad sea provechoso para la población.

¿Qué se necesita para conseguir esto?

Hay un decreto supremo que se ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros que sea derogado porque les impide trabajar con los pueblos indígenas. Si se deroga, podemos tener otro panorama ante la situación que vivimos por culpa del narcotráfico y cambiarla. Queremos que nos respeten y reconozcan.

MÁS DE 70 LÍDERES INDÍGENAS ASESINADOS EN ÚLTIMOS 7 AÑOS

En julio pasado, el líder indígena Mario Marco López Huanca, responsable de la Reserva Comunal El Sira, ubicada en la selva central, fue asesinado por mafias del narcotráfico. Fue una de las últimas víctimas de los más de 70 asesinatos de dirigentes nativos de la Amazonía peruana.

Meses atrás, en febrero, dos líderes indígenas del pueblo kakataibo –Herasmo García, de la comunidad nativa Sinchi Roca, y Yenes Ríos, de Puerto Nuevo–, se sumaron a las otras diez muertes violentas de nativos defensores del medio ambiente en la Amazonía peruana registradas desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Aída Gamboa Balbín, especialista en gestión institucional de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), afirma que esta cifra demuestra el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas en nuestro país, producto de actividades como la minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico.