La Constitución, en su artículo 7, dice que “todos tienen derecho a la protección de su salud”, pero ese precepto es letra muerta. En febrero del 2004, la entonces congresista Susana Higuchi presentó un proyecto de ley para obligar a los médicos de los centros de salud públicos a recetar medicamentos genéricos. Como era de esperar, su propuesta fue rechazada por los lobbies de la industria farmacéutica en el Congreso. En el 2010, el entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, lanzó una campaña para que los médicos coloquen en sus recetas el nombre genérico de un medicamento y, opcionalmente, uno de marca. Igualmente, los políticos le dieron la espalda.
Todo sigue igual. A fines de mayo del 2023, el Gobierno declaró el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia. Es decir, ya han pasado nueve meses, justo el plazo dado para la vigencia del Decreto de Urgencia 059- 2020, que obligaba a las farmacias a vender medicamentos genéricos. Los laboratorios farmacéuticos se empezaron a frotar las manos, pues el actual ministro de Salud, César Vásquez, tuvo la gran oportunidad de prorrogar la duración de dicha norma y anotar un punto de oro a favor del Gobierno, pero no lo hizo. Convirtió más bien un autogol. Ahora está a punto de ser interpelado y ganarse la tarjeta roja.
Obligado por la presión de la prensa y de algunos políticos honestos, que los hay, aunque pocos, el titular del Minsa anuncia ahora un proyecto de ley para establecer un porcentaje mínimo del 30 % para la comercialización de medicamentos genéricos. Fue una reacción tardía, pues el daño ya está hecho.
Esa inoperancia y desidia, mezclada quizá con un probable interés de favorecer a las tres empresas farmacéuticas que dominan el mercado, fue un duro golpe para los peruanos, especialmente para los más pobres y, por lo tanto, los más vulnerables a muchas enfermedades. Se sabe que en el Perú los medicamentos de marca pueden llegar a costar 200 veces más que los genéricos. Además, en nuestro país los medicamentos de marca son mucho más costosos que en Estados Unidos y Europa. Por eso era muy importante que el Gobierno prorrogue la vigencia del mencionado decreto supremo.
Así como las clínicas privadas, las empresas farmacéuticas hacen su agosto cuando llega la enfermedad a un hogar. Eso quedó clarísimo durante la pandemia. A más enfermos, más ganancias para ellas. Las autoridades ya no deben caer en ese juego carroñero, sino, por el contrario, defender la salud y la vida de la población, principalmente de los que no tienen dinero para comprar los caros medicamentos de marca. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
