Chips sin rostro: la falla que sostiene la extorsión y el fraude

En el Perú, conseguir un chip de celular es rápido, barato y muchas veces anónimo. Basta caminar unas cuadras para encontrar líneas listas para usar. Lo que parece comercio informal es, en realidad, una falla seria de seguridad.

El sistema sí tiene reglas. La normativa exige que cada línea esté asociada a una persona y que su identidad sea verificada de forma fehaciente. En la práctica, esto se implementa con validación biométrica conectada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El objetivo es claro, eliminar el anonimato. Pero no funciona.

Los chips se siguen vendiendo en la calle, muchas veces activados o con datos de terceros. Así, el número de celular deja de estar ligado a una persona real y se vuelve un instrumento descartable. Esto facilita la extorsión, el fraude y la suplantación de identidad, y debilita las investigaciones porque los registros no reflejan la realidad.

El problema no es solo de control, es de incentivos.

El mercado prepago mueve millones de líneas. Cada chip es una venta. En ese contexto, especialistas del sector advierten que una proporción muy significativa de estas líneas, en algunos casos estimada por encima del 75%, se comercializa en canales informales. El sistema, en la práctica, premia el volumen y no el cumplimiento.

A esto se suma un vacío clave. Cuando una línea se activa de forma irregular, casi no hay consecuencias para quienes lo permiten. Las sanciones son administrativas. No existe una responsabilidad penal clara cuando la activación masiva facilita delitos.

Ese es el problema de fondo. Se castiga al delincuente, pero no al sistema que le permite operar en el anonimato.

La Ley N.º 30096 sanciona los delitos informáticos, pero pierde eficacia cuando el número telefónico no está vinculado a una identidad real.

Corregir esto exige tres cosas simples, verificación estricta en tiempo real, trazabilidad total de cada línea y responsabilidad real para quienes incumplen.

Porque mientras el anonimato siga disponible, el delito seguirá teniendo ventaja.

(*) Abogado y candidato a diputado, número 4, por País para Todos.