En una sentencia que marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la región Puno, el Poder Judicial condenó al alcalde del distrito de Huacullani, Magno Tito Apaza, y a otras dos personas por el delito de cohecho pasivo impropio. Los sentenciados recibieron la suma de 30 mil soles como presunta coima de una empresa constructora a cambio de favorecerla con la adjudicación de una obra pública. El fallo fue emitido por el Juzgado Penal Colegiado de El Collao, tras un proceso que incluyó la detención en flagrancia del burgomaestre.
El caso se remonta a setiembre de 2023, cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público intervinieron al alcalde Magno Tito Apaza en las inmediaciones de la municipalidad distrital de Huacullani, provincia de El Collao, Puno. En ese momento, el funcionario habría recibido el dinero de manos de un representante de la constructora a cargo de un proyecto de mejoramiento de calles. La intervención fue parte de un operativo de inteligencia que siguió de cerca las negociaciones ilícitas durante semanas.
Análisis y Desarrollo Minucioso de los Hechos
Las investigaciones, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Puno, revelaron que el alcalde Tito Apaza, junto con dos trabajadoras de confianza de la municipalidad, habrían solicitado y aceptado el pago de 30 mil soles para agilizar los trámites de una obra de saneamiento valorizada en más de un millón de soles. Los pagos se habrían realizado en dos entregas: una primera de 10 mil soles y una segunda de 20 mil soles, esta última interceptada por las autoridades. La constructora, cuyo nombre no fue revelado, colaboró con la justicia tras denunciar el hecho ante la Fiscalía.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, incluyendo grabaciones de audio y video, así como el testimonio del representante legal de la empresa. Los sentenciados intentaron desvirtuar las acusaciones alegando que el dinero correspondía a una donación para actividades sociales del distrito, pero el colegiado consideró inconsistentes sus argumentos. El delito de cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 395 del Código Penal, sanciona a funcionarios que aceptan dádivas para realizar actos propios de su cargo sin que medie un acto contrario a sus funciones.
Declaraciones, Testimonios y Posturas Oficiales
“Esta sentencia envía un mensaje claro: ningún funcionario público está por encima de la ley. La evidencia fue contundente y el Poder Judicial ha actuado con firmeza para sancionar estos actos de corrupción que tanto daño causan al desarrollo de nuestros pueblos”, declaró el fiscal provincial anticorrupción, Carlos Quispe Mamani, tras conocerse el fallo.
Por su parte, la defensa legal del alcalde anunció que apelará la sentencia, argumentando que no se habría respetado el debido proceso y que las pruebas presentadas fueron obtenidas de manera ilegal. Sin embargo, los jueces señalaron en su resolución que la detención en flagrancia y el posterior decomiso del dinero se realizaron conforme a ley, con la presencia del representante del Ministerio Público y de un abogado defensor.
El alcalde Magno Tito Apaza, quien fue elegido en las elecciones municipales de 2022 por el movimiento regional Poder Andino, permanece en prisión preventiva desde su detención. Las dos trabajadoras sentenciadas, identificadas como María Condori Mamani y Juana Coila Apaza, quienes se desempeñaban como gerente municipal y jefa de abastecimiento, respectivamente, también cumplen prisión preventiva en el establecimiento penal de Puno.
Medidas Adoptadas, Desafíos y Panorama a Futuro
La sentencia, que aún no ha sido leída en su totalidad, establece penas privativas de libertad que oscilarían entre los 5 y 8 años de cárcel, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, el juzgado ordenó el pago de una reparación civil de 50 mil soles a favor del Estado peruano. La defensa tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar el recurso de apelación ante la Sala Penal de Apelaciones de Puno.
Este caso se suma a una serie de investigaciones por corrupción en municipalidades de la región Puno, donde la Contraloría General de la República ha identificado más de 200 obras paralizadas por presuntas irregularidades. La sentencia contra el alcalde de Huacullani podría sentar un precedente para otros procesos en curso, como el que involucra al alcalde de la provincia de San Román, investigado por presunto cobro de coimas a proveedores.
Puntos clave de la noticia:
- El alcalde Magno Tito Apaza y dos trabajadoras fueron condenados por cohecho pasivo impropio.
- La coima ascendió a 30 mil soles, entregados por una constructora para agilizar una obra.
- La detención en flagrancia ocurrió en setiembre de 2023 en Huacullani, Puno.
- Las penas propuestas van de 5 a 8 años de prisión y una reparación civil de 50 mil soles.
- La defensa anunció que apelará la sentencia, mientras la Fiscalía Anticorrupción celebra el fallo.
