Opinión

Castillo en su laberinto

Por: Mario Amoretti Pachas

Este destape periodístico que vimos el domingo en el programa Panorama se suma a otras denuncias que semana a semana vemos contra el presidente Castillo, algunos de sus ministros y otros funcionarios del Estado. Todo esto es muy lamentable porque estamos frente a un posible caso de tráfico de influencias, corrupción, negociación incompatible y otra serie de hechos que configuran delitos bastante graves por lo cual podría recibir penas bastantes altas.

De acuerdo a nuestro Código Penal, cuando se cometen varios actos delictivos las penas se suman. En este caso del presidente Castillo, si se confirman los delitos que deberían ser objeto de una investigación, podría recibir una sanción de 20 o 30 años de pena privativa de la libertad.

Ahora, lo que sí llama la atención es la inacción por parte de la Fiscalía que ha mostrado poco interés por investigar hechos como los que vimos en el dominical Cuarto Poder hace tres semanas; o los casos del secretario Bruno Pacheco y la señorita Karelim López. Las preguntas que me hago son las siguientes: ¿Por qué la Fiscalía no ha solicitado los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno en el caso de Bruno Pacheco? ¿Por qué no se han solicitado las imágenes de los pasadizos de Palacio o de las oficinas de los empleados? ¿Por qué no se han incautado las computadoras? Seguramente cuando hagan el pedido las imágenes ya habrán sido borradas y se habrán adulterado las computadoras tal como ocurrió en el Gobierno de Martín Vizcarra.

Solo se ha levantado el secreto bancario del señor Bruno Pacheco, pero no de sus familiares más cercanos. Todo esto llama poderosamente la atención porque en una investigación preliminar basta la simple sospecha y que tenga características de delito para actuar.

Por otro lado, tenemos a Karelim López quien registra diversos ingresos a Palacio de Gobierno, a la casa de Breña, a Petroperú y otros lugares donde se habrían celebrado contratos y licitaciones. Aquí tampoco actúa la Fiscalía que no hace las diligencias necesarias para esclarecer estos hechos como sí lo hace en otros casos donde no están comprometidos personajes del Gobierno. Se trata de una omisión muy preocupante pues necesitamos que esta corrupción no siga prosperando porque genera graves perjuicios para el país.

Si el presidente es censurado ya es una decisión política, pero la Constitución señala expresamente que nada impide que se le investigue, lo que él no puede es ser juzgado.

Recordemos que una fiscalía ya lo está investigando por brindar falsas declaraciones en un procedimiento del Jurado Nacional de Elecciones que podría significar falsedad ideológica porque en base a ese dato falso consigue ser declarado apto para postular a la presidencia. Si antes de que postule a la presidencia de la República no se tomaron las medidas pertinentes, ahora será mucho más difícil.

(*) Ex decano del Colegio de Abogados de Lima

(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.

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