Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba merecen la sanción más ejemplar posible porque se han burlado de la justicia desde hace siete años en el caso de la investigación de la corrupción encabezada por la empresa Odebrecht, la peruana Graña y Montero y otras, que le ha costado al Perú más de 17 mil millones de dólares.
Resulta que ahora los jueces brasileños del Supremo Tribunal Federal de Brasil (claramente influidos por el padrino de la mafia Lula da Silva) acaban de determinar que no se pueden utilizar las evidencias obtenidas a través de los sistemas informáticos My Web Day y Drousys; y por lo tanto Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no podrán hacer referencia a esta información, que es clave en la investigación en los diferentes procesos penales que se siguen contra Alejandro Toledo, Ollanta Humala y una larga lista de ex funcionarios en el marco del caso Lava Jato.
Con esto se cae la farsa del equipo especial de fiscales (Pérez y Vela) que confiaron inescrupulosamente en dicha información para sustentar su teoría del caso otorgándole demasiadas ventajas a la compañía brasileña.
Ante esto Philip Butters, uno de los periodistas más comprometidos en la lucha contra la corrupción en el Perú, ha dado un paso crucial al plantear una acción de Habeas Data para que el país finalmente conozca los términos vergonzosos y claudicantes del Acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht firmado, pese a la protesta del Congreso, el año 2019.
Así, por obligación del juzgado constitucional los peruanos tendremos acceso al acuerdo secreto de beneficios y supuesta colaboración eficaz con la empresa brasileña, que en teoría debió proporcionar información y documentos claves para las investigaciones en cuatro casos en los que la constructora ya había admitido la entrega de sobornos: el proyecto de la Costa Verde-tramo Callao, la obra de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3) y el proyecto de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).
Gracias a ese acuerdo, a todas luces excesivo e irregularmente validado en la vía judicial, se ha permitido la impunidad porque a Odebrecht se le ha aceptado que -a pesar de la multimillonaria corrupciónsolo pague 610 millones de soles, más los intereses legales, que ascenderán a 150 millones, y que la obligación sea cancelada en un cómodo plazo de 15 años. Además la empresa, ahora con nombre cambiado, de manera increíble nuevamente concursa en obras públicas dentro del Perú. Mientras tanto cómplices, como José Graña Miró Quesada han quedado en libertad al declararse colaboradores eficaces. Es decir, la impunidad total.
Con la firma de ese acuerdo de colaboración, que de eficaz no tiene nada, Pérez y Vela cometieron una serie de delitos, como encubrimiento real, encubrimiento personal, falsedad genérica e ideológica, e, inclusive, peculado.
La audiencia sobre el Habeas Data, programada para el 26 de octubre en el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, se sustenta en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y estamos seguros que a partir de entonces empezaremos a conocer los intríngulis de un caso en el cual un par de fiscaletes de cuarto y tercer nivel han venido traicionando el interés nacional.
(*) Analista político
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