Betssy Chávez en riesgo vital tras tercer día de huelga de hambre seca en Chorrillos
La ex primera ministra Betssy Chávez cumple su tercer día de huelga de hambre seca en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, medida que adoptó en protesta contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), al que acusa de no cumplir con su traslado por razones de seguridad. Chávez, investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, advirtió que su vida corre serio peligro.
En un consentimiento informado emitido por el área de Salud Penitenciaria, la exfuncionaria declaró haber asumido esta decisión de manera “libre y consciente”, pese a conocer los graves riesgos para su salud, como desnutrición, daño multisistémico e incluso la muerte.
Según explicó, la protesta busca garantizar su seguridad personal, pues afirma que el INPE incumplió el traslado conjunto de tres internas, lo que considera una vulneración de sus derechos. Además, denunció actos de corrupción dentro del penal, señalando a la directora Nelly Aquino Guardales de permitir privilegios a reclusas con mayores recursos.
Chávez dejó en claro que rechaza cualquier forma de alimentación o hidratación forzada y solo acepta cuidados paliativos. Cabe recordar que desde julio ha denunciado abusos, cobros indebidos y chantajes dentro del penal, e incluso acompañó su protesta con una carta testamentaria.
El INPE respondió que no existen pruebas que respalden sus denuncias y que un eventual traslado debe ser solicitado formalmente. Mientras tanto, el premier Eduardo Arana criticó su medida, señalando que busca “politizar” su situación.
En paralelo, la Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, acusándola de ser coautora del delito de rebelión.
Los médicos advierten que una huelga de hambre seca puede causar deshidratación extrema, insuficiencia renal y fallo orgánico en cuestión de días, por lo que la salud de Chávez deberá ser vigilada de cerca.
El caso, además de su gravedad médica, genera tensión política y judicial, al estar directamente vinculado al proceso contra Pedro Castillo y al debate sobre el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
