Desde mucho tiempo atrás, todos conocemos que hay una serie de trámites innecesarios y, lo peor, que constituyen lo que se ha dado en llamar barreras burocráticas.
Desde las instituciones representativas de la actividad privada, tanto empresarial como profesional, se le ha dicho al Estado hasta el cansancio, que los trámites administrativos innecesarios lo único que hacen es espantar a la inversión privada, que es la única que genera empleo real y no de favor, y que es la que hace que el Perú se desarrolle.
Para que nuestro país sea apetecible para la inversión privada, sea nacional o foránea, se requiere, entre otras cosas, de la simplificación administrativa, pues da la impresión de que existen, en Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipalidades, funcionarios que se solazan haciendo la vida imposible a los emprendedores de todo tamaño, con exigencias exageradas como puede ser la presentación de documentos con los que ya cuenta la administración pública, o duplicar o triplicar los mismos trámites ante diversas entidades del Estado. Podríamos seguir y seguir, pero no es intención del autor de esta columna aburrir al estimado lector.
Algunos entes estatales han comprendido las dificultades del sector privado para invertir y hacer crecer sus negocios; tanto es así que han emitido diversas normas legales con la finalidad de hacerles la vida más llevadera, por lo menos en teoría. Por ejemplo, en el año 2022 se aprobó la “Política de Modernización de la Gestión Pública al 2030”. Con anterioridad, la Ley N° 27658 dispuso el “Marco de Modernización de la Gestión del Estado”, lo que fue complementado con la “Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria” aprobada por el Decreto Legislativo N° 1565. El Decreto Legislativo N° 1256 aprobó la “Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas” con el objetivo de su mismo nombre. Podríamos seguir con el inventario normativo.
Como podemos apreciar, abundan las normas y el reconocimiento desde el Estado de que tiene que eliminar barreras burocráticas y simplificar trámites; sin embargo, poco o nada se ha hecho. Tan cierto es esto que, mediante la Resolución Suprema N° 015-2024-PCM del 06 de febrero del año anterior, se creó una “Comisión Multisectorial para identificar costos de cumplimiento ineficientes, innecesarios y/o injustificados que generen barreras burocráticas y afecten las actividades económicas, así como promover acciones de simplificación administrativa”.
La creación de dicha Comisión acredita que todas las normas anteriores, de las cuales algunos ejemplos hemos señalado, simplemente fueron letra muerta e impresa en papel mojado, en tinta y punto final.
Ahora bien, acaba de prorrogarse hasta el 13 de septiembre de 2025 el plazo para que la Comisión Multisectorial concluya su cometido, lo que podría sig- nificar que hasta ahora nada tienen que mostrar, por lo que se hace necesario que se exija a la citada Comisión, presidida por el Presidente del Consejo de Ministros o su delegado, que informen lo que se ha hecho, los trámites que se han eliminado, las barreras burocráticas que han sido eliminadas de nuestro ordenamiento legal y todo lo que ha hecho o dejado de hacer tal Comisión Multisectorial.
Esperemos que en el Congreso de la República se ocupen del tema y exijan información pormenorizada de las actividades y supuestos logros de la Comisión Multisectorial a la que nos referimos. Comprendemos que algunos parlamentarios puedan estar enfadados pues se esfumó su pretensión de tener una sede de playa en Santa María del Mar. Bueno, pues, si no se comportan bien, podrían terminar no recibiendo el sol, sino en la sombra, y ya sabemos claramente a qué sombra nos referimos.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
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