“Audios pueden tener un valor probatorio”

El abogado Luis Lamas Puccio sostiene que llama mucho la atención que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco se encuentren escondidos.

POR: ENRIQUE RODRÍGUEZ

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, los audios entregados por el empresario Zamir Villaverde donde aparentemente se le escucha hablando de una coima de “100 grandes” con el exministro de Transportes, Juan Silva, podrían perjudicar el mandato del presidente Pedro Castillo, aunque para ello deberá corroborarse la autenticidad de la información y, además, seguir un largo proceso que comenzaría con la acusación formal del Ministerio Público.

¿Cuánto valor se les puede dar a las afirmaciones del señor Zamir Villaverde?

Las declaraciones del señor Zamir Villaverde son parte de un proceso de colaboración que tienen que ser corroboradas por la Fiscalía. Tienen que ser temas comprometedores, inéditos, que vinculan a una persona en particular (en este caso al presidente Castillo), que corroboran las responsabilidades en materia penal.

Yo no sé si el señor Villaverde ha presentado pruebas, eso es objeto de una labor que desarrolla el Ministerio Público.

¿Los audios difundidos en medios de comunicación son un medio probatorio?

Una cosa es lo que dice una persona en un proceso de colaboración y otra cosa es lo que se escucha en un audio. Ojo, los audios pueden tener un valor probatorio, lo que aparece en un proceso de colaboración persigue una extensión de responsabilidad penal por parte de quien está declarando. Repito, un audio es una prueba y una vez que se somete a los protocolos correspondientes de veracidad, se convierte en prueba. Para ello hay que constatar que es la voz de una persona en particular; además, hay que constatar que lo que se dice o se escucha en los audios viene aparejado de otros elementos probatorios.

Entonces, ¿estos audios podrían marcar la caída del presidente Castillo?

En un primer momento Villaverde anuncia que va a revelar información. Luego, los audios aparecen públicamente y entiendo que esos mismos audios ya habían sido aportados a la labor que viene realizando la Fiscalía, la única encargada de valorar lo que se escucha en esos audios, cómo se dice, cómo viene fundamentado lo que se dice, quiénes son las personas que se nombra, si hay alguna vinculación entre estas personas y si cumplen alguna función pública. También hay que revisar cómo se puede demostrar lo que se está diciendo en esos audios… son una serie de circunstancias que no se pueden resumir en una sola respuesta.

Por otro lado, tenemos las investigaciones al exministro Silva y al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, ambos investigados en un proceso que también alcanzaría al presidente…

Todo parece indicar que el exministro Silva recibió un dinero que involucraría al presidente Castillo. También está lo que dicen otras personas investigadas. Llama mucho la atención que personas como el exministro Silva o el señor Bruno Pacheco se encuentren escondidos.

El artículo 117 de la Constitución ha generado diversos tipos de opiniones e interpretaciones. ¿Puede ser investigado el presidente de la República?

El artículo 117 de la Constitución habla de acusación, no habla de investigación ni de indagación. Entonces, la labor del fiscal comprende indagar, investigar y, por otro lado, acusar. De acuerdo a lo que está establecido en el proceso penal e interpretando lo que se dice en la Constitución, el presidente solamente puede ser acusado por los delitos que se señalan en el artículo 117, que solamente habla de acusación, no dice nada más. No hay más controversia, pero todo el mundo tiene derecho a opinar. Para que el presidente sea acusado primero tenemos que agotar todo el proceso y la Fiscalía tendría que formalizar una investigación, solicitar una acusación constitucional ante el Parlamento y luego esperar lo que decida el Pleno. Una vez que resuelva el Pleno, se levanta la inmunidad y el presidente puede ser denunciado ante el Poder Judicial y, luego de eso, viene el juicio en la Corte Suprema de Justicia, donde se decidirá la sentencia que se le imponga.

“CONGRESISTAS ESTÁN CONTRAVINIENDO UNA ORDEN JUDICIAL”

Para el reconocido penalista, los congresistas que están llevando adelante la elección del nuevo defensor del Pueblo contraviniendo una orden judicial, podrían ser denunciados. “Hay que cumplir lo que dicen los jueces y si hay una medida cautelar que ha suspendido el proceso de selección del defensor del Pueblo, hay que respetarla”, indicó.

“Imagino que los parlamentarios van a ser denunciados, pero estos están protegidos por la inmunidad; entonces, hay un conflicto de poderes porque el Parlamento refiere que es autónomo en sus decisiones, pero, por otro lado, el Poder Judicial es un poder del Estado y, en última instancia, esto tendrá que ser resuelto por el Tribunal Constitucional”, añadió.