En un reciente comunicado de las embajadas en el Perú de diversos países con los que mantenemos relaciones diplomáticas apropiadas y, algunos de ellos, originarios de cooperación directa o de organismos no gubernamentales (ONG) asentados en tales países, expresan que “como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”, agregando que “Las democracias son inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”.
Nuestro país siempre ha sido agradecido con los países que le han proporcionado cooperación económica, así como también técnica y de otras índoles, gratitud que se ha manifestado en infinidad de formas y ocasiones. Esa misma gratitud ha sido otorgada a las organizaciones no gubernamentales que también han proporcionado apoyo en diversas modalidades.
Sin embargo, no todas las cooperaciones de las ONG han sido sanas y de buen talante, pues es conocido que algunas han prestado apoyo económico y de otras índoles a grupos nacionales que con sus acciones han pretendido entorpecer nuestro sistema democrático e incluso perturbar el orden público con acciones vinculadas al terrorismo o al narcoterrorismo.
El Perú, con toda legitimidad, creó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), a fin de estar informada sobre la cooperación que se recibe de otros países, por supuesto incluyendo la de sus organismos privados asentados en ellas, como también para conocer el destino oficial en el Perú de los fondos y ayudas internacionales.
Ahora lo que se pretende con las iniciativas parlamentarias que se debaten en el Congreso del Perú es que la APCI pueda conocer y fiscalizar que los recursos foráneos se empleen de acuerdo con el destino oficial de ellos, con la finalidad de que no sean desviados para otros usos que bien podrían ser, en algunos casos, lesivos para con nuestra patria, con lo cual se burlaría la buena fe de los países cooperantes y de las ONG matriculadas en ellos.
Es perfectamente legítimo el interés del Perú en que no se defraude la buena disposición de los países cooperantes y de sus organismos privados que nos dan ayuda y que su asistencia económica o técnica sea acorde con sus buenas intenciones y con las pretensiones nacionales que las reciben de buena fe.
Estamos seguros que muchos de los Estados cuyas embajadas son las emisoras del comunicado conjunto al que nos referimos, en sus territorios tienen también controles convenientes sobre sus organismos no gubernamentales, con lo cual sería aplicable el antiguo proverbio de que “no hay que mirar la paja en el ojo ajeno sino la viga en el propio”.
Esperemos que nuestra Cancillería responda con prontitud, esmero y buenas formas desde Torre Tagle al comunicado analizado y que nuestras embajadas en esos países consigan las normas nacionales de cada uno de ellos similares a las que se adoptan en nuestro Congreso a fin de ratificar nuestra posición y que no se repitan protestas extranjeras así sea con frases edulcoradas. Por lo demás, en el Perú sí se respetan los Derechos Humanos.
(*) Expresidente del Consejo de Ministro
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