La lacra más pertinaz en el Perú es la corrupción. Las crisis económicas, las emergencias sanitarias y los altos índices de la delincuencia, tres de los principales problemas del país, han sido superados o amenguados a lo largo de distintos pasajes de la historia gracias a las políticas de los gobiernos de turno y los esfuerzos de la población. Sin embargo, la corrupción persiste, parece un problema eterno, una enfermedad crónica, pese a que todos los presidentes prometieron que lucharían contra este mal que tanto daño le hace al país.
Según la Contraloría General de la República, en el 2019, el último año prepandemia, se perdieron S/23,297 millones por la corrupción. El 2020 y el 2021, en plena pandemia, las cifras bordearon esa cantidad de dinero, lo que significa que los corruptos no pararon la mano ni porque el COVID-19 nos ponía ante cuadros espantosos de desgracias en miles de hogares, al causar tantas muertes, ingentes gastos en tratamientos médicos, desempleo y ruinas económicas por doquier.
Casi nadie se salvó de los efectos de la pandemia y la crisis económica, pero los corruptos, en vez de volverse más honestos y solidarios con los demás en tales circunstancias, más bien aprovecharon la situación para seguir haciéndose de dinero ilícito en licitaciones de obras o compras de equipos médicos malogrados, alcohol “bamba” y mascarillas de “tela de cebolla”, que no protegían nada y más bien contribuyeron a la propagación del virus y la muerte de miles de personas. Doble crimen.
Para darnos una idea de la magnitud del problema, basta saber cuántos expresidentes han sido acusados de corrupción en los últimos 30 años. Son seis los exmandatarios investigados, algunos de los cuales ya estuvieron o siguen en prisión: Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (23/03/2018 – 09/11/2020). Todo un récord que avergüenza.
Exministros, jueces, fiscales, exgobernadores regionales, exalcaldes, exregidores y otros funcionarios, además de policías, entre oficiales y subalternos, han terminado presos por estar involucrados en actos de corrupción. El actual Gobierno, que prometió honestidad y una intensa lucha contra la corrupción, tampoco se salva de las acusaciones. El régimen de Pedro Castillo acaba de superar una moción de vacancia en el Congreso, pero eso no significa que haya sido declarado inocente. Nadie quiere “una raya más al tigre”, pero se tiene que conocer la verdad caiga quien caiga. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
