La entrega del salvoconducto a Betssy Chávez Chino y su salida hacia México, tras casi nueve meses refugiada en la embajada mexicana en Lima, ha reabierto un debate que exige más rigor jurídico que ruido político. Como jurista y defensor del Estado de derecho, sostengo que el Gobierno peruano actuó correctamente, y explico por qué. Primero, una obligación, no una concesión. La Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado vigente y ratificado por ambos países, establece que es el Estado asilante —en este caso México— quien califica si la persona protegida enfrenta una persecución política o responde por un delito común. Una vez calificado el asilo, el Estado territorial tiene el deber convencional de otorgar las garantías de salida. Negarse habría significado que el Perú incumpliera un compromiso internacional que él mismo suscribió.
La coherencia de un Estado se mide precisamente en los momentos en que cumplir la ley resulta incómodo. Segundo, dos planos que no se contaminan entre sí. El salvoconducto no absuelve ni indulta a nadie. La sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión contra Chávez, como coautora del delito contra los poderes del Estado en la modalidad de conspiración para la rebelión, permanece vigente. El propio comunicado de Torre Tagle fue explícito al informar a México sobre esa condena y sobre la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito, dejando además expresa reserva del derecho peruano de solicitar en el futuro su extradición.
Quien pretenda leer en este episodio una suerte de impunidad, simplemente desconoce que el asilo diplomático protege el tránsito de la persona, no borra su responsabilidad penal. Tercero, la respuesta a la narrativa de persecución política. México ha sostenido que se trata de una perseguida política; el Perú lo ha rechazado con firmeza, invocando la separación de poderes, el debido proceso y la independencia judicial que rigió el juzgamiento del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Sostener lo contrario supondría desconocer el trabajo de nuestro sistema de justicia, que actuó con las garantías procesales correspondientes.
“El Perú no cedió ante nadie: cumplió un tratado, preservó su sentencia y dejó abierta la puerta de la extradición”.
Cuarto, una decisión de estadista. Restablecer relaciones diplomáticas con México, rotas desde noviembre pasado, no es un gesto menor: recompone canales de cooperación económica, cultural y consular que benefician a millones de peruanos y mexicanos. Un gobierno que piensa en clave de Estado —no de coyuntura— sabe distinguir entre la firmeza judicial hacia adentro y la responsabilidad diplomática hacia afuera. En síntesis, el Perú no cedió ante nadie: cumplió un tratado, preservó su sentencia y dejó abierta la puerta de la extradición. Esa es, exactamente, la conducta que se espera de un Estado de derecho maduro: firme en sus principios, previsible en sus compromisos, y ajeno a la tentación de convertir la justicia en un instrumento de revancha o de conveniencia política.
*Catedrático
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