Cada cierto tiempo se vuelve a hablar de la enorme brecha de infraestructura que enfrenta el Perú. Se anuncian cifras millonarias para carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, colegios, sistemas de agua y conectividad digital, y la conclusión suele ser la misma: el país necesita más presupuesto. Sin embargo, ese diagnóstico es incompleto. La verdadera brecha del Perú no es solo de infraestructura; es, sobre todo, de gestión, planificación e instituciones.
La evidencia económica ha demostrado durante décadas que una infraestructura de calidad incrementa la productividad, reduce los costos logísticos, mejora la competitividad y eleva el crecimiento económico. Pero también demuestra que gastar más no siempre significa obtener mejores resultados. Una carretera que no conecta los principales corredores productivos, un hospital que no puede operar plenamente o una obra paralizada durante años representan recursos desperdiciados, no desarrollo.
El Perú conoce bien ese problema. Cada año quedan miles de millones de soles sin ejecutar, mientras numerosas obras terminan paralizadas por expedientes técnicos deficientes, burocracia excesiva, conflictos sociales, corrupción o una deficiente capacidad de gestión. En muchos casos, el problema no es la falta de recursos, sino la incapacidad para transformar esos recursos en infraestructura útil para los ciudadanos.
Por ello, el debate no debería centrarse únicamente en cuánto dinero necesita el Estado, sino en cómo aprovechar mejor cada sol invertido. Es indispensable fortalecer la planificación de largo plazo, profesionalizar la gestión pública, mejorar la calidad de los expedientes técnicos y dotar de mayores capacidades a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que pueda liderar los grandes proyectos estratégicos con criterios técnicos y continuidad, al margen de los cambios políticos.
Al mismo tiempo, el país debe aprovechar mucho mejor la inversión privada. Las Asociaciones Público-Privadas han permitido desarrollar importantes proyectos de infraestructura cuando los contratos han estado bien estructurados. El objetivo debe ser impulsar, siempre que sea posible, proyectos autofinanciados, en los que el inversionista privado asuma el financiamiento, la construcción, la operación y buena parte de los riesgos, mientras el Estado concentra sus esfuerzos en planificar, regular y supervisar el cumplimiento de estándares de calidad. De esa manera, los recursos públicos pueden destinarse a aquellas obras con alto impacto social que difícilmente atraerán inversión privada, como hospitales, colegios, agua potable y saneamiento en las zonas más vulnerables.
Asimismo, es indispensable cambiar la forma de priorizar las inversiones. La infraestructura no debe medirse por la cantidad de cemento o por el número de inauguraciones, sino por su capacidad para aumentar la productividad, reducir los costos de transporte, integrar mercados, facilitar las exportaciones y mejorar la calidad de vida de las personas. En esa visión, la infraestructura digital merece hoy la misma importancia que una carretera o un puerto, porque el acceso a internet de calidad se ha convertido en un requisito para la educación, la salud, el comercio y la innovación.
Cerrar la brecha de infraestructura no consiste simplemente en gastar más. Consiste en invertir mejor, planificar con visión de largo plazo y utilizar inteligentemente tanto los recursos públicos como la capacidad de inversión del sector privado. El verdadero desafío del Perú no es encontrar más dinero, sino construir instituciones capaces de transformar cada proyecto en una fuente de crecimiento, productividad y bienestar para todos los peruanos.
(*) Abogado
