¿Seguridad ciudadana o milicias paralelas?: El riesgo de las propuestas de Roberto Sánchez

Desde mi experiencia en temas de seguridad y defensa institucional, sigo con atención las propuestas de los candidatos presidenciales. En el reciente debate, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, reafirmó una idea que merece ser examinada con detenimiento: para combatir la inseguridad, apelará a las rondas campesinas y a la “población civil organizada”.

Esta no es una fórmula novedosa de “seguridad ciudadana”. Se trata de delegar funciones de orden público a actores civiles fuera de la cadena de mando de la PNP y las Fuerzas Armadas. Históricamente, cuando los Estados debilitados han recurrido a este tipo de estructuras paralelas, los resultados han sido problemáticos: politización de la seguridad, riesgos de abuso de poder y erosión del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Los antecedentes y las alianzas estratégicas

Esta propuesta de Sánchez no aparece aislada. Se enmarca en un patrón más amplio. Sánchez ha mantenido acercamientos visibles con Antauro Humala y el etnocacerismo, incluyendo eventos conjuntos como la conmemoración de los 20 años del Andahuaylazo, que él calificó como “acción política”.

Más recientemente, Sánchez firmó un “Compromiso Político Social” con la Fenatep, organización con orígenes en Conare y vinculada al Movadef. En ese documento se compromete a impulsar la libertad de los denominados “luchadores populares” y “presos políticos”, término que históricamente incluye a personas condenadas por terrorismo.

Este pacto no es improvisado. Responde directamente al “Plan de Construcción del Partido” emitido por Abimael Guzmán en noviembre de 2008 desde la cárcel. En ese documento, Guzmán ordena reconstruir el partido a través de organismos de fachada (frentes legales, sindicales y educativos), utilizando la bandera de los “derechos humanos” y la “amnistía” para lograr la liberación de sus cuadros y reinsertarse en la política institucional.

Movadef, precisamente creado a partir de ese plan, fue disuelto por la Corte Suprema en octubre de 2024 por ser fachada del brazo político de Sendero Luminoso. La lista congresal de Juntos por el Perú incluye además a César Tito Rojas, fundador del Movadef en Puno. Estos son hechos verificables en documentos públicos, sentencias judiciales y reportajes periodísticos.

“Socialismo Andino Amazónico”

Todo esto cobra mayor coherencia al revisar el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que propone construir un “Estado de Socialismo Andino Amazónico”, con Asamblea Constituyente y ruptura con el “neoliberalismo”. Un proyecto que coincide con líneas del socialismo del siglo XXI aplicadas en la región.

Como ciudadano preocupado por la seguridad y la estabilidad institucional, es legítimo pedir claridad:

• ¿Fortalecerá realmente a la Policía y las FFAA o priorizará estructuras paralelas y la liberación de condenados por terrorismo?
• ¿Mantendrá una distancia nítida de figuras y grupos que han defendido acciones violentas contra el orden constitucional?
• ¿Está dispuesto a rechazar claramente cualquier intento de politizar la seguridad ciudadana y erosionar el monopolio estatal de la fuerza?

Los peruanos no queremos más improvisación ni retórica que luego deriva en gobernabilidad frágil. Queremos instituciones fuertes, Estado de derecho y una estrategia de seguridad profesional, jerárquica y respetuosa de los derechos.

El debate no es entre izquierda y derecha. Es entre quienes apuestan por consolidar la democracia liberal y quienes proponen refundaciones que, en la práctica, han conducido a mayor polarización y deterioro institucional.

Es hora de que los electores exijamos coherencia entre el discurso moderado de campaña y los planes, alianzas, acuerdos firmados e historia pública de los candidatos.

(*) Exdirector de la DINI y de la DIRCOTE