El deseo de los peruanos: depurar la corrupción en las altas esferas

Cuando fue ministro del Interior, Juan José Santiváñez denunció que altos mandos policiales tenían vínculos con organizaciones criminales. En la investigación preparatoria que se sigue contra Erick Luis Hernández Moreno (a) “El Monstruo” y otros, por el delito de organización criminal y secuestro en agravio de una empresaria en mayo de 2024, se comunicó que había un miembro policial en actividad infiltrado en la Dirincri y luego fue ratificado por uno de ellos, que el general, coronel jefe de robos y otros mandos policiales sabían la identidad de este mal policía.

Fiscales provinciales, juez de la investigación preparatoria, fiscal superior, jueces superiores de la Sala de Apelaciones, en sus disposiciones y resoluciones, hacen mención de esta denuncia.

Sin embargo, estas autoridades omiten denunciar esta infiltración, incurriendo en el delito de omisión de denuncia e incumplimiento de actos funcionales, y la delincuencia sigue en incremento y no pasa nada.

En el Congreso de la República y altos funcionarios del Ejecutivo, regiones, etc., son denunciados y no se investiga; muchos de ellos postulan para ser senadores y diputados y, de ser elegidos, tendrán cinco años más de impunidad. Despertemos y no votemos por estos partidos a los cuales postulan, quienes están involucrados en actos delictivos y sometidos a investigaciones.

En el caso, de acuerdo con la investigación que llevó a cabo la policía en el gobierno de Sagasti, se estableció que la muerte de Inti y Bryan fue ocasionada por armas artesanales que utilizaron los infiltrados; sin embargo, no se verificó ninguna investigación a fin de identificar a los autores, pues no fue ningún miembro policial. Tampoco se realizó acción alguna para identificar a los terroristas que utilizaron artefactos explosivos para atacar a la policía, menos a los instigadores.

De tal manera que es necesario que se denuncie e investigue a los verdaderos responsables de la muerte de personas inocentes y se deje de traficar con su muerte políticamente.

No permitamos que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo lleven adelante la reforma del sistema de justicia. Que se designe una comisión de juristas que tengan calidad moral e intelectual y experiencia en administración de justicia, integrada por representantes de los colegios de abogados, profesores de derecho de universidades públicas y privadas, Poder Judicial y Ministerio Público, y que se respete la meritocracia.

Asimismo, que se nombre una comisión de especialistas para la elaboración de un nuevo Código Penal y se evite una inflación legislativa de parte del Congreso y el Ejecutivo, con facultades delegadas, dictando normas carentes de técnica jurídica y, en algunos casos, favoreciendo a los delincuentes.

(*) Exdecano del CAL.

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