Estaba revisando las falsas promesas de mejora en la seguridad ciudadana del mensaje a la Nación ofrecido por Dina Boluarte en 2024, comparándolo con el mensaje presidencial del 28 de julio de 2025, y no encuentro nada positivo. Por el contrario, se evidencia un retroceso y una clara evasión frente a la verdadera magnitud del problema, con el fin de ocultar el rotundo fracaso del Gobierno en este sector. Las cifras y los hechos de criminalidad así lo indican. Sin embargo, la mandataria se siente impune y políticamente protegida por el Congreso de la República.
A medida que el Perú se aproxima a las elecciones generales de 2026, el tema que se perfila como eje central del debate electoral es, sin lugar a dudas, la seguridad ciudadana. Para dar un ejemplo de la gravedad del problema, según estadísticas oficiales, cada 19 minutos se reporta una denuncia de extorsión en las comisarías del país, teniendo en cuenta que la mayoría de las extorsiones no se denuncian porque las víctimas prefieren ceder ante las amenazas.
Las ciudades, en especial Lima, Trujillo y Chiclayo, viven bajo una sensación constante de inseguridad, donde la violencia ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una preocupación diaria de millones de peruanos. Pese a que el gobierno actual ha intentado responder con diversas estrategias —desde la declaración de estados de emergencia en zonas específicas, el despliegue de fuerzas armadas, hasta múltiples cambios de ministros del Interior—, los resultados han sido insatisfactorios y fragmentarios. La falta de continuidad en las políticas públicas, sumada a la debilidad institucional y a una pobre articulación entre los niveles de gobierno, ha profundizado el sentimiento de vulnerabilidad ciudadana.
Frente a este panorama, los candidatos a la presidencia en 2026 deberán colocar la seguridad ciudadana en el centro de sus propuestas programáticas. Ya no bastarán promesas genéricas ni mano dura sin planificación; la ciudadanía exige políticas integrales, sostenibles y basadas en inteligencia criminal, prevención social del delito, fortalecimiento de la Policía Nacional y reforma del sistema judicial. La población votará, en gran medida, por quien logre ofrecer un plan serio, viable y con resultados medibles para recuperar la paz en las calles. Así, la seguridad ciudadana se perfila como el termómetro político que definirá el rumbo del país en los próximos años.
Dicho esto, en los dos años que Dina Boluarte ha ejercido como presidenta, se han registrado más de cinco mil asesinatos por delincuencia, y aún falta un año para que concluya su mandato. En su último discurso del 28 de julio, Boluarte se enredó al presentar cifras sobre delincuentes capturados y bandas delictivas desarticuladas. En mi opinión, lo que leyó sobre el fenómeno de la inseguridad ciudadana solo deja en la población más dudas que certezas y una falsa sensación de seguridad, al no proponer estrategias, planes ni diseños con un trabajo articulado. No sabe cómo explicar la ausencia de una política de Estado clara que la población entienda y que, gradualmente, empiece a reducir la alta criminalidad que hoy viven los ciudadanos.
(*) Presidente de APROSEC.
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