Me induce a publicar estas reflexiones el hecho de que todavía no culminan los conflictos existentes entre altísimos poderes del Estado y diversas instituciones públicas.
En el Congreso de la República se presentan, sin ton ni son, denuncias contra la presidenta de la Nación con la finalidad de sancionarla con la vacancia del cargo. La presidenta, a su vez —probablemente para congraciarse con el Parlamento—, acepta sin remilgos ni observaciones leyes probadamente populistas, así como muchas inconstitucionales, al no tener los congresistas iniciativa de gasto. Pese a ello, no solo presentan los proyectos en cuestión, sino que los aprueban.
El Ministerio Público no acata las decisiones de la Junta Nacional de Justicia, la cual tiene por función el nombramiento, ratificación y remoción de magistrados judiciales y fiscales. La JNJ denuncia a miembros del Ministerio Público ante el Poder Judicial, y este último admite también las denuncias de diversas fiscalías.
El Defensor del Pueblo mete su cuchara, y así podríamos seguir relatando la peligrosa y execrable situación en que vivimos.
El ejemplo que las autoridades dan a la ciudadanía, con sus reyertas, acusaciones que van y vienen, intolerancias y hasta calificativos peyorativos, conduce al caos y, por supuesto, da motivo a cierta prensa amarilla —que disfruta de los escándalos— para convertirlos en noticia.
El incumplimiento de las leyes y, en general, de la normatividad legal, en el que parecen ufanarse ciertas autoridades, no solo las desprestigia y deslegitima, sino que constituye un pésimo ejemplo para los ciudadanos, quienes están obligados a cumplir la ley. Muchos piensan, con cierta razonabilidad, que si las autoridades que aprueban y promulgan las leyes no las cumplen, no hay motivo para que el ciudadano común y corriente lo haga.
La normatividad constitucional es clarísima, y ordena la obligatoriedad y el cumplimiento de la ley (art. 109); la prerrogativa presidencial de cumplir y hacer cumplir la ley y demás disposiciones legales (art. 118); la facultad del Ministerio Público de defender la legalidad (inc. 1 del art. 159); y el deber del Defensor del Pueblo de supervisar el cumplimiento de la ley por parte de la administración estatal (art. 162), entre otros.
Recordemos la reacción de nuestros compatriotas en 2021, cuando, frente a la mala actuación de nuestros parlamentarios y gobernantes, la sucesión presidencial —con un promedio de un presidente por año— y el procesamiento judicial a presidentes, ministros y altísimos funcionarios, se expresó en el clamor generalizado de “¡Que se vayan todos!”, así como en la elección de Pedro Castillo como presidente de la República, sin tener ningún pergamino ni calificaciones para ello, en clara amonestación a la sociedad.
Por eso insistimos en que nuestras autoridades nacionales deben resolver de una vez por todas sus diferendos. Es peligrosísimo mantener la situación como está. Si estuviésemos en décadas ya superadas, la gente clamaría por un golpe de Estado; pero hoy, quienes podrían intentarlo saben que tarde o temprano acabarían en la cárcel. La reacción actual es: “¡Fuera todos!” y “¡Basta ya!”, lo que podría, el próximo año, materializarse en otro Pedro Castillo, con el agravante de varios expresidentes encarcelados y quizás otros por hacerles compañía. ¡Desmadre total!
(*) Exprimer ministro
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