La criminalidad ha crecido un 19 % en los cuatro primeros meses de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según el Sistema de Información de Defunciones con Datos Abiertos. Frente a este aumento, el Gobierno ha optado por una medida que aparenta ser firme, pero que en realidad encierra graves riesgos: ha promulgado la Ley n.° 32330, que permite juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos en casos de delitos graves.
La norma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Según su texto, jóvenes que cometan delitos como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo serán sometidos al sistema penal ordinario. Incluso adolescentes desde los 14 años podrán recibir medidas de internación de hasta ocho años. El argumento para este nuevo marco legal se sustenta en que las organizaciones criminales reclutan menores porque saben que la justicia es más benigna con ellos. La respuesta del Congreso ha sido eliminar esa “ventaja”.
Aunque la ley incluye disposiciones que podrían parecer razonables —como la separación de adolescentes y adultos en centros penitenciarios y la implementación de programas de tratamiento individualizado— esto no corrige el fondo del problema. Que se intente preservar un entorno rehabilitador no cambia el hecho de que se está rompiendo con un principio esencial: la justicia juvenil debe ser distinta a la de los adultos, por mandato internacional y por sentido común.
Esta reforma contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú, que obliga al Estado a garantizar que todo menor de 18 años reciba un trato acorde a su desarrollo, con el fin último de su reintegración social. No se trata de una declaración simbólica, es un compromiso legal con el que nos hemos obligado a respetar los derechos de niños y adolescentes, incluso cuando cometen delitos.
Tratar a adolescentes como adultos en el sistema penal no reduce la criminalidad. Al contrario, aumenta la reincidencia, perpetúa la exclusión y fortalece los lazos con el crimen organizado. Un estudio del National Institute of Justice en Estados Unidos reveló que los adolescentes procesados en tribunales para adultos tienen un 34 % más de probabilidades de reincidir que aquellos que pasan por el sistema juvenil. Las prisiones, lejos de reformarlos, consolidan una identidad delictiva y los exponen a dinámicas de poder, violencia y reclutamiento dentro de redes criminales.
Además, esta ley es peligrosa porque desplaza la discusión del problema real: la raíz de la inseguridad no está en la falta de castigo, sino en la ausencia de oportunidades. Pobreza, abandono familiar, educación precaria, salud mental desatendida, falta de políticas de prevención. Muchos adolescentes que delinquen son víctimas de un entorno que nunca les ofreció una alternativa.
Necesitamos medidas estructurales: educación pública de calidad, espacios seguros, salud mental accesible, programas de empleo juvenil, justicia restaurativa y presencia del Estado donde hoy solo hay mafias. Endurecer penas para adolescentes puede sonar bien en los discursos de campaña, pero en la práctica es una renuncia a nuestros principios como sociedad. Porque si empezamos a juzgar a los adolescentes como adultos, pronto dejaremos de verlos como personas en formación. Y eso no es justicia: es resignación.
(*) Juez titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
