El reciente asesinato de trece trabajadores en Pataz, La Libertad, ha conmocionado a la opinión pública. Una banda de delincuentes, liderada por alias “Cuchillo”, ingresó a uno de los socavones de la empresa minera La Poderosa para robar el oro extraído por los trabajadores mineros.
Pero, ¿cómo sabían estos delincuentes que los trabajadores ya habían extraído el valioso mineral para perpetrar el asalto al socavón? Sin duda, tuvo que haber existido una filtración de información o un “soplo”, como se dice en el argot policial.
Se dice que esta banda criminal actuó alentada por mineros ilegales, quienes luego negocian el valioso mineral en el exterior.
Desde esta columna nos preguntamos: ¿cómo logran pasar los controles que existen en la ruta hacia el embarque del mineral? Sin duda, la ampliación del REINFO por parte de los congresistas ha favorecido a los delincuentes, permitiéndoles trasladar el oro y obtener millones por este negocio manchado de sangre inocente.
El REINFO no debió ser ampliado, ya que quienes se acogen a esta norma legal pueden argumentar que están en trámite para convertirse en empresarios mineros formales. Sin embargo, en la práctica, esta norma ha sido utilizada para transportar el precioso mineral, aun cuando está vinculado a actividades ilegales.
El Gobierno decidió suspender el REINFO debido a que la delincuencia y el crimen organizado han sabido aprovechar las grietas de la normativa vigente en la materia.
Asimismo, la mandataria ordenó un toque de queda en la localidad de Pataz para identificar y capturar a los criminales que asesinaron a los 13 vigilantes que prestaban servicio a una empresa tercerizadora de La Poderosa, minera formal que extrae oro en la zona.
Según diversas informaciones, se menciona que en Pataz había presencia de extranjeros. Esto recuerda versiones sobre Cerrón, quien supuestamente habría sido protegido por militares cubanos, aunque esta afirmación nunca fue confirmada ni desmentida, quedando como una expresión irresponsable.
Volviendo al tema de Pataz, diremos que el entonces ministro del Interior, Julio Díaz, acudió al Congreso y se presentó ante la Comisión de Defensa, donde informó sobre lo sucedido en esta localidad de la región La Libertad.
Lo que resulta extraño es que el gobernador César Acuña no haya hecho declaraciones al respecto. Una vez más, evita asumir su responsabilidad frente a la violencia que azota su región, lavándose las manos como Pilatos, tal como lo hizo anteriormente, cuando decidió irse de vacaciones en plena crisis de seguridad y temor generalizado entre los pobladores.
Este hecho de violencia en Pataz no es el primero que ocurre en la zona. Delincuentes ilegales ya han asaltado socavones de la empresa minera, llevándose oro para ser exportado.
Desde esta columna exigimos que los asesinos sean capturados y se les aplique la ley con rigor. Debemos ser drásticos con estos criminales, evitando que salgan en libertad para seguir matando. La fiscalía debe cumplir su labor y no dejarlos libres, impidiendo que continúen delinquiendo en las calles de Trujillo o Lima.
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Público de Lima.
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