El gobierno de Dina Boluarte atraviesa lo que inevitablemente se aproximaría a una crisis terminal. Su fragilidad estructural, la evidente incomptencia de la gestión pública, en el ámbito de la seguridad, y los múltiples casos de corrupción que lo envuelven lo han convertido en una administración carente de legitimidad, incapaz de sostenerse sin generar un caos político y judicial que arrastrará a todos quienes aún lo respaldan. Mientras la presidente denuncia un presunto “Golpe blando” dirigido por sectores del Ministerio Público, la realidad demuestra que su gestión está comprometida desde dentro con la corrupción y la incompetencia, sellando así su destino.
Boluarte no ha logrado consolidar una base de apoyo sólida. Sus diferentes gabinetes vienen siendo un reflejo de su precariedad política: ministros cuestionados, relaciones turbias con el crimen organizado y una lucha ineficaz contra la delincuencia. Su ministro del Interior, en lugar de liderar una estrategia efectiva de seguridad, viene siendo señalado por vínculos con policías involucrados en organizaciones criminales, y con un abierto desacato a la acción e investidura de la justicia. En este escenario la presidente garantiza que sus ministros permanecerán en sus cargos incluso si el Ministerio Público allana sus domicilios, evidenciando un serio colapso en sus relaciones con el Poder Judicial. Esta circunstancia puede considerarse como una acción preventiva frente a la difusión de actos delictivos que comprometerían gravemente a su gestión
. Mientras el gobierno se desgasta en sus propias contradicciones, el sector progresista, denominado “caviar”, también está profundamente corrompido. Recibe fondos estatales para cometer actos de corrupción con el respaldo de ONGs internacionales y algunos medios de comunicación para impulsar su agenda y desestabilizar a quienes no se alinean con su visión. El Ministerio Público, lejos de cumplir su función de impartir justicia, se ha convertido en un ente ideologizado persiguiendo a adversarios políticos, e ignorando la corrupción dentro del sector globalista, liberal progresista.
Este juego de intereses ha convertido al Perú en un campo de batalla donde la corrupción opera en dos frentes: desde el poder, con un gobierno incapaz de gobernar con integridad, y desde las sombras, con sectores que lucran con los recursos del Estado mientras impulsan su influencia política.
El desenlace de esta crisis es inevitablemente predecible. A medida que se convoque a las elecciones y el Congreso tome decisiones, la debilidad del gobierno lo llevará al abandono de sus propios aliados. En un escenario donde su continuidad es insostenible, el Legislativo no dudará en darle la espalda, desmarcándose de una administración que terminará en el caos absoluto arrastrando a todos quienes le apoyan.
El Perú se encontraría entre un “Golpe Blando”, y el “Colapso Gubernamental”.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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