Queda claro que no se debe de elegir para cargos o puestos públicos como jueces, fiscales o miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por ejemplo, a los “mejores amigos”, sino sencillamente a los mejores.
También queda claro que solamente por mérito debe accederse a un cargo público, por lo que toda variable extraña que distorsiona un proceso de concurso público de méritos debe ser neutralizada y combatida con convicción en la necesidad del reconocimiento del mérito y de los talentos de las personas, y fe en el destino.
El poder político-partidario no debe tener ninguna presencia ni injerencia en los concursos públicos de méritos para nombrar tanto a los jueces y fiscales, como a los mismos miembros de la JNJ.
Los jueces y fiscales son nombrados por los miembros de la Junta Nacional de Justicia en concursos públicos de méritos; esto es, en procesos de selección en donde solamente debe interesar el mérito de los postulantes.
Nada aparte del mérito debe interesar en los procesos de selección. No vale ninguna intervención política-partidaria (trátese del partido de que se trate). No vale ninguna influencia extraña por razón de amiguismo, compadrazgo o por razones sentimentales de carácter conyugal o convivencial, etc. Solamente debe importar el mérito.
En ese sentido, no se requiere el apoyo de ningún partido político para ser juez o fiscal, pues los miembros de la JNJ deben de obrar con absoluta imparcialidad e independencia en los procesos de selección para magistrados, así como en lo que respecta a los procesos de ratificación de magistrados, y en los procesos disciplinarios, por cierto.
Los miembros de la Junta Nacional de Justicia tampoco requieren, en lo absoluto, el apoyo de ningún partido político. No requieren del apoyo de ningún miembro del Poder Ejecutivo (incluyendo presidente de la República), como tampoco de ningún congresista de la República, al ser nombrados por una Comisión Especial, en donde no están incluidos ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, al estar compuesta por el Defensor del Pueblo, por el Presidente del Poder Judicial, por el Fiscal de la Nación, por el Presidente del Tribunal Constitucional, por el Contralor General de la República, por el representante de los Rectores de las Universidades Públicas y por el representante de los Rectores de las Universidades Privadas.
Buscar el apoyo de partidos políticos para ser magistrado o miembro de la Junta Nacional de Justicia es un sinsentido.
(*) Miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia.
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