Entre las iniciativas legislativas que están en trámite, con la finalidad de modificar la normatividad electoral antes del proceso de elecciones generales previstas para el año 2026, se encuentra la relacionada con el financiamiento de los partidos políticos.
Como sabemos, los partidos políticos con representación congresal reciben financiamiento del Estado, aunque no con libertad de su empleo, pues está restringido a solventar solamente algunas de sus actividades previstas en la normatividad.
Los partidos vigentes, aunque no tuviesen representación parlamentaria, pueden recibir donaciones privadas personales, pero no empresariales, y con los límites que también la ley determina.
Asimismo, los partidos reciben aportes o cuotas de sus afiliados, aunque estas son fijadas modestamente. Pese a ello, su recaudación no solo es problemática, sino además diminuta, diríamos que anémica.
Lo que se pretende ahora, por supuesto con límites, es autorizar a los partidos a recibir aportes de empresas, lo que podría transparentar más aún las finanzas de las agrupaciones políticas. Aunque, como se sabe, algunas veces se disfrazan tales aportes empresariales a través de aportes personales de sus dueños o de altos directivos o funcionarios.
Si bien es verdad que los ciudadanos tienen el derecho de participar en política, sea individualmente o a través de agrupaciones colectivas como son los partidos políticos, no es menos cierto que el porcentaje de ciudadanos afiliados a los partidos es mínimo en relación con la población. Sin embargo, el Estado contribuye económicamente con los que tienen vigencia legal.
Sería conveniente que, ahora que está en debate agregar otro tipo de financiamiento a las agrupaciones políticas, se revalúe la conveniencia de suprimirles el financiamiento estatal, pues con los impuestos que pagamos todos, sea directa o indirectamente, se financia a partidos a los que pertenece un porcentaje bastante menor que la cantidad de electores.
Quien pertenece a un partido político debe afrontar su propio sostenimiento, pues los viajes de campaña, los gastos administrativos, el mantenimiento de sus locales, las comunicaciones con sus afiliados y también con sus simpatizantes cuestan, no son gratis y alguien las tiene que sufragar. A nadie se le ocurriría pertenecer a una agrupación sindical, gremial, asociación profesional o simple club social o deportivo sin efectuar aportes económicos, pero sí se pretende y se ve como natural que el Estado tenga en su presupuesto como obligación a cumplir los aportes públicos al sostenimiento de los partidos.
Creemos que ya basta y que a futuro el financiamiento de los partidos sea solventado con los aportes de sus afiliados y con donaciones privadas, tanto personales como empresariales, pero no del Estado. Los impuestos que pagamos todos no tienen por qué solventar los partidos de pocos. Si pagas cotizaciones de tu club social, bien puedes pagar las cuotas de tu organización política.
El Estado debe tener otras prioridades, como afrontar los gastos de educación, de salud y de seguridad de la población, entre otros.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
