Opinión

Estado promotor de la minería ilegal en Puno

Por: Fernando Cillóniz Benavides

Parafraseando al genial Gabriel García Márquez, a Puno hay que vivirlo para contarlo. Pues bien, por enésima vez a lo largo de mi vida, eso hice el mes pasado. Es decir, “viví Puno” en vivo y en directo. Y como siempre
maravilloso, encantador, precioso, único. Ahí están, como siempre, el majestuoso y mítico Titicaca y el cielo más azul del mundo. Sin embargo, el altiplano infinito está seco, reseco, por el estiaje. En esta época del año, como
todos los años, previo al inicio de la temporada de lluvias, la sierra presenta su imagen más desoladora.

El frío y la sequedad dejan su huella de crueldad: la gente, los animales, y los pastos todo resulta quemado por el frío intenso, de varios grados bajo cero. ¿Por qué el Estado no construye reservorios, y planta bosques, para retener parte de las abundantes aguas de lluvias, y disponer de ellas en los estiajes?

No se oye padre. Claramente, el Estado está en otra. Lo real y concreto es que, al Estado le importa un bledo el hielo y el estiaje altiplánico. Ahora bien, tal como ocurre en todo el resto del país, Puno tiene un problema. Un problema oscuro que apareció, espontáneamente, en todas las conversaciones que tuve con mis compatriotas puneños, la semana pasada: LA CORRUPCIÓN. Sobre todo, la corrupción generalizada en el Estado. Gobierno Regional, Gobiernos Provinciales y Distritales, Policía y Fuerzas Armadas, Fiscalía y Poder Judicial, etc. Salvo muy honrosas y contadas excepciones.

Sí pues, al igual que Cusco, Loreto, Arequipa, Junín, Ica, La Libertad, Lima, la corrupción estatal en Puno es endémica. Por eso los puneños no tienen agua, salud, educación ni seguridad. ¡Ese es el problema
de Puno! Esta vez, los testimonios más recurrentes giraron en torno a la corrupción estatal frente a los pequeños mineros puneños que hacen todo lo humanamente posible para formalizarse; pero no, imposible.

Pero ¿por qué no consiguen formalizarse? Pues porque es imposible. El Estado ha hecho imposible cumplir con los intrincados requisitos e interminables trámites del famoso REINFO (Registro Integral
de Formalización Minera). Y claro para los funcionarios corruptos del Estado, no hay presa más apetitosa que un pequeño “minero ilegal” con 100 gramos de oro en el bolsillo, cuyo valor – al paso – en el céntrico Jirón Mariano Núñez de Juliaca, es de US$ 8,500, aproximadamente.

Efectivamente, no hay nada mejor para la corrupción estatal, que una delincuencia adinerada. ¡Una “delincuencia” creada – y promovida – por el propio Estado! Y eso es, exactamente, lo que está pasando con el boom del
oro, aunado a la extraordinaria riqueza aurífera de Puno y del país.

El problema de Puno no es la Constitución del 93, ni el modelo económico peruano. En ese sentido, el problema de Puno no es un problema legal o presupuestal. Y menos, uno de falta de recursos naturales o humanos. El
problema actual de Puno y del país, en general es la corrupción estatal.

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