La impunidad de los cuarenta y nueve asesinatos que habrían sido cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023 al parecer ha motivado a la mayoría de los actuales congresistas de la República para tratar de modificar drásticamente la Constitución Política del Estado sin participación alguna de la población -verdadera fuente del poder del Estado en toda democracia-, en dos legislaturas con votación calificada de 87 votos congresales.
Así modificaron el texto constitucional a su antojo, a su real capricho arbitrario y restauraron el sistema bicameral de la cámara de diputados y senadores, pese a la oposición de la población en el referéndum de 2018. Ahora van por más, por mucho más, y quieren, anhelan, cambiar de tal manera la Constitución, que puedan reelegirse en forma indefinida, prácticamente hasta el término de sus vidas naturales, pensando que siempre el Tribunal Constitucional (TC) les dará la razón en absolutamente todo.
Destituida de su cargo de fiscal la ex fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas -investigada por organización criminal y otros delitos conjuntamente con no pocos congresistas de la República en funciones-, ya no habría sentido en defenderla, por lo que sus “iras no santas” ahora se dirigen a la misma existencia de un organismo autónomo constitucional como es la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Y bajo el nombre de otra ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, que ahora es congresista de la República, se pretende nada menos que eliminar a la JNJ, con argumentos muy débiles y lamentables como el hecho de no haber prácticamente logrado sus fines como institución -cuando la JNJ hace pocos años ha entrado en funciones luego de reemplazar al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el escandaloso caso de corrupción del 2018- o de que “la JNJ contribuye a generar desconfianza en el sistema judicial”.
La pretendida “Escuela nacional de la magistratura” que Echaíz y sus afines buscan implantar en reemplazo de la JNJ y de la Academia de la Magistratura (AMAG) en realidad obedecería a un plan B luego de la caída de Benavides Vargas del poder en el Ministerio Público, porque, en el supuesto negado que se implante, haría que reine la provisionalidad en la magistratura en general y que los magistrados supremos no sean controlados por un órgano autónomo no político, como es el caso precisamente de la JNJ.
(*) Analista político.
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