Por iniciativa del congresista Jorge Montoya Manrique, se ha presentado al Congreso de la República una moción de orden del día para “conformar una Comisión Investigadora respecto a presuntas responsabilidades penales y políticas por el procedimiento judicial y la vulneración de los derechos constitucionales que motivaron la muerte del expresidente Constitucional Alan García Pérez”.
En efecto, la muerte del presidente García fue la consecuencia de una serie de acciones concertadas que lo indujeron a tomar una decisión fatal, pero de alta dignidad.
Esta decisión implicó no permitir que su persona, su partido, el APRA, y la respetabilidad de quien fuera dos veces presidente del Perú, fueran mancillados en vida por aquellos que buscaban hacer escarnio de él.
Durante muchos años, Alan García fue víctima de falsas acusaciones, escuchas ilegales, seguimientos y amenazas por parte del poder. Estas acciones lo llevaron al exilio en 1992. Nueve años después, regresó inocente y fue recibido por una multitud el 27 de enero de 2001, con una gran manifestación en la plaza San Martín.
Al término de su exitoso segundo período presidencial en 2011, los humalistas crearon una mega comisión investigadora que no llegó a ninguna conclusión condenatoria. Por el contrario, un exhaustivo peritaje financiero concluyó que no existía desbalance patrimonial alguno que pudiera incriminarlo de un delito.
Sin embargo, la ofensiva comunicacional fue perversa y constante, afectando su reconocimiento ciudadano. Esto fue aprovechado para iniciar procesos fiscales y judiciales a los que siempre asistió. A esto se suma el “Plan ALEX” de vigilancia, seguimiento y escucha.
Ante la inexistencia de pruebas, montaron una patraña, haciendo pasar los honorarios de una conferencia como si fuera una coima. Este abono correspondía a una conferencia brindada en la ciudad de Sao Paulo, la cual fue bancarizada, se pagaron los impuestos y se declaró oficialmente. Esta fue la base del impedimento de salida del país. Luego vendría el asilo en la embajada de Uruguay, que mostró las tremendas bajezas de los odiadores, como la agresión a Luis Alva Castro y el viaje de unos miserables al Uruguay para oponerse al asilo, encontrando eco en la traición de su presidente.
La ilegal orden de detención pedida por José Domingo Pérez y aceptada por el juez Sánchez Balbuena, así como la participación de Rafael Vela con Gustavo Gorriti, quedarán en la historia de la infamia y el crimen político. Por tanto, la iniciativa del congresista Jorge Montoya y de la bancada de Renovación Popular y su líder, Rafael López Aliaga, es acertada. El pueblo Aprista le agradece, así como a las bancadas que la respalden. Nuestro mejor deseo es que se llegue a la verdad y se esclarezca este magnicidio, determinándose las responsabilidades de todo orden.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
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